Golpes de la naturaleza cuestan a Colombia 3,7% de su PIB, según Banco Mundial

Impactan la población más endeble del país, que enfrenta 2,97 situaciones de ese tipo al año, en promedio. Se trata de la tercera tasa anual más alta de Latinoamérica.

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mayo 30 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-30

La investigación, realizada por el Banco Mundial y contratada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, muestra que desastres naturales como inundaciones y derrumbes están entre los problemas medioambientales más costosos para la economía nacional.

Junto con la contaminación atmosférica urbana, los servicios deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, los derrumbes y la degradación de los suelos, los costos equivalen al 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las estadísticas reseñadas en el estudio, cuyos autores son Ernesto Sánchez-Triana, Kulsum Ahmen y Yewande Awe, muestran que en el último cuarto de siglo en Colombia se han registrado seis terremotos de gran magnitud, tres erupciones volcánicas, tres aludes y tres avalanchas.

Para el período 1993 - 2000, entre los afectados por desastres naturales se cuentan más de 4 millones de colombianos y el costo anual fue de aproximadamente 453 millones de dólares (11,5 por ciento del PIB de 1995).

A la lista se suman unas 30.000 personas muertas. Este año, del presupuesto de la Nación se fijó una partida de 20.700 millones de pesos, los cuales se entregaron al Fondo Nacional de Calamidades (FNC).

De ese rubro, desde enero a la fecha se han utilizado cerca de 10.000 millones de pesos para atender emergencias por cuenta de la ola invernal que enfrenta el país, así como el sismo que afectó a poblaciones de Cundinamarca y Meta el pasado 24 de mayo.

El año pasado, los gastos por cuenta de recursos estatales sumaron 71.000 millones de pesos, tras una partida inicial fijada en el presupuesto, de 10.570 millones de pesos.

En ese periodo se atendieron situaciones como la avalancha en mayo causada por las fuertes lluvias en Tarazá, Antioquia; inundaciones en el departamento de Córdoba y el incendio producido el 20 de diciembre en el municipio de Olaya Herrera, ubicado al noroccidente del departamento de Nariño, según la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, ente a cargo de Luz Amanda Pulido.

Precisamente, esta semana la directiva ha estado coordinando parte de las actividades para enfrentar la emergencia por inundaciones en poblaciones como La Dorada (Caldas) y Honda (en el Tolima).

Desde allí, la funcionaria y otros representantes del Gobierno Nacional reiteraron que hay recursos disponibles para tender a los damnificados por el invierno y de ser necesario, se buscará más dinero para responder a las emergencias adicionales que se puedan presentar en el transcurso del año.

Cambio climático

Largas temporadas de lluvia, las cuales acrecientan los niveles de los ríos y propician graves inundaciones, como las que tiene en alerta roja en estos momentos a las poblaciones ribereñas del Magdalena Medio y las que están próximas al río Cauca, son consecuencia directa de los cambios climáticos.

Si bien no es un fenómeno nuevo, la prevención es poca y los mecanismos para mitigar los riesgos son limitados en los países de América Latina. Colombia no es la excepción.

La investigadora económica de Fasecolda, Alejandra Muñoz, señala en un reciente informe relacionado con el cambio climático y los desafíos para el sector asegurador, que las características de los países con alta concentración poblacional en zonas urbanas y la pobreza hacen que el impacto de eventos climáticos sea más traumático en los países no desarrollados, incluido América Latina.

A su juicio, es necesario desarrollar mecanismos financieros que permitan diversificar los riesgos para que los países cuenten de manera inmediata con recursos ante eventos catastróficos.

Protección ambiental

La Ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental (Sina), la cual estableció el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios ambientales.

Desde entonces, se han asignado recursos importantes del Presupuesto General de la Nación para la protección ambiental.

Según se reseña en el documento número 3343 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), entre 1995 y 2002,  de un total de 1.700 millones de dólares del Sina, el 31 por ciento provenía del Presupuesto, mientras que el 69 por ciento restante de las rentas propias de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

El documento, aprobado en marzo de 2005, establece el programa de Inversión y Desarrollo Sostenible (IDS), dirigido a atender la problemática de degradación ambiental asociada a los sectores de agua, transporte, energía y desarrollo territorial.

También apoya el gobierno en el diseño y control de gestión del Sina. El costo total del programa se calculó en 8,05 millones de dólares, financiado mediante un crédito provisto por el Banco Mundial de 7 millones de dólares y 1,05 millones de dólares correspondientes al aporte local.

Según el cronograma de desembolsos, se espera que este año lleguen 1,62 millones de dólares por cuenta de la banca multilateral y 350.000 dólares de los aportes locales.

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