Una 'gracia' costosa

Pocas veces el Gobierno actual había sufrido una derrota tan estrepitosa en el Congreso como la de la semana pasada.

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mayo 23 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-23

No importó que en el recinto se encontraran el Ministro de Hacienda y la de Educación, como tampoco las llamadas que se les hicieron a los líderes de la coalición cercana a la Casa de Nariño en busca de apoyo. Cuando se hizo el escrutinio, el resultado fue contundente: 98 votos a favor de rechazar la postura de los funcionarios y cero en contra en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado el resultado fue 54 a cero. Semejante paliza tuvo lugar cuando se consideraron las objeciones que el Presidente de la República le hizo a un proyecto de ley aprobado a finales del 2010 que tiene apenas dos artículos. A primera vista, un texto tan corto no parecería tener tanta importancia, pero lo que está en juego sí, pues, según las cuentas hechas el costo para el fisco ascendería a 7,1 billones de pesos, unas diez veces más de lo que dice el impulsor de la medida, el senador por el Polo Democrático Alternativo Luis Carlos Avellaneda. Para explicar en qué consiste el lío hay que remontarse a una Ley de 1913, sancionada por el entonces mandatario, Carlos E. Restrepo. En esa época, se le dio luz verde a una propuesta consistente en darles a los maestros una pensión de gracia para reconocer sus servicios después de que llevaran 20 años de enseñar. El nombre del mecanismo surgió por ser un obsequio, pues no era necesario haber hecho contribuciones o aportes, sino haber cumplido con un tiempo mínimo de vinculación institucional. Dirigida inicialmente a un grupo específico de educadores, con el tiempo sus beneficios se fueron ampliando hasta llegar a cobijar a todos los docentes nacionalizados, vinculados al Estado hasta 1980. Para explicarlo de otra manera, hasta mediados de los años setenta en los municipios y departamentos había profesores que coexistían con los designados por el Ministerio de Educación. Esas categorías se acabaron con la nacionalización de la enseñanza, pero algunos de los privilegios de los primeros -que ganaban salarios menores- se mantuvieron para compensar la desigualdad de ingresos. Así, algunos maestros han llegado a tener dos pensiones, una excepción que ha sido respetada por diferentes sentencias judiciales. El problema es que trazar la línea no es tan sencillo. Mientras para el Gobierno las dos décadas requeridas para recibir el beneficio tuvieron que haber sido prestadas en entidades territoriales, Fecode, el poderoso sindicato de la educación pública, ha sostenido que dentro del cómputo se puede incluir lo que se haya servido como personal del orden nacional. La interpretación de la administración fue respaldada por el Consejo de Estado que en 1997 dijo que la pensión de gracia sólo la podían recibir los nacionalizados. Esa es la razón del proyecto de ley aprobado el año pasado por una abrumadora mayoría. El texto no crea una nueva categoría, sino que "interpreta" el inciso de una norma de 1989, con lo cual se le crea al Estado una nueva obligación. El valor de la misma también es objeto de discusión. Mientras en la prensa se habla de 2.500 a 3.000 maestros, Fiduprevisora sostiene que son 6.712. A su vez, el Fopep afirma que el valor de la pensión promedio sería de 1,57 millones de pesos mensuales, con lo cual si se suman los pagos futuros de acuerdo con los cálculos actuariales, más los retroactivos, se llega a algo más de 7,1 billones de pesos, una suma que equivale a cerca de una cuarta parte de lo que se le destina a la salud en un año. Ahora, la suerte de la propuesta pasa a manos de la Corte Constitucional, que debe decidir cuál postura es la correcta: si la del Gobierno, que objetó la idea, o la del Congreso, que rechazó de manera tan contundente esa opinión.helgon

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