El gran negocio de Granahorrar

La sentencia del Consejo de Estado que condena al Estado a pagar 224.000 millones de pesos a los antiguos accionistas mayoritarios de Granahorrar, como compensación a la expropiación de la Corporación que sufrieron en 1998 ha suscitado varias opiniones, incluyendo un editorial de este diario, que discuten algunos aspectos jurídicos del fallo y sus repercusiones sobre los entes de control del sistema bancario. Ha faltado, sin embargo, un análisis a fondo de los aspectos económicos y financieros del caso, que vaya más allá de la afirmación evidente de que se trata de una gran suma de dinero que no estaba contemplada en el presupuesto de las entidades condenadas.

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noviembre 29 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-29

La Contraloría General de la República dedicó un número reciente de su revista Economía Colombiana a evaluar los procesos de privatización en Colombia, incluyendo el de la nacionalización y posterior privatización de los bancos Bancafé y Granahorrar. Su conclusión es que desde el punto de vista fiscal el resultado fue negativo, pues -en valor presente- fueron mayores los recursos que tuvo que aportar el Estado para el rescate y saneamiento de las entidades que los que recibió al privatizarlos: “el resultado neto para el Gobierno nacional es un beneficio negativo de 712.778 millones de pesos, equivalente a un 0,28 por ciento del Producto Interno Bruto”. En el caso de Granahorrar (ver cuadro No. 1), los costos corresponden a las capitalizaciones sucesivas requeridas para sanear la entidad, mientras que los beneficios son los ingresos recibidos por concepto de impuesto a la renta, dividendos y, en el último año, por la venta de la entidad. En valor nominal los ingresos son mayores que los egresos en cerca de 300.000 millones de pesos (columna 3), pero como los pesos de 1998 valen más que los pesos de hoy, los autores calculan el valor presente de los flujos con una tasa de descuento del 12,77 por ciento, que es el promedio del costo de los bonos colocados por Fogafín para fondear estas operaciones; el resultado es una pérdida de 314.128 millones de pesos (0,10 por ciento del PIB). Sin embargo, este cálculo tiene un error, pues el supuesto egreso del año 2005 (130.000 millones de pesos) es en realidad un ingreso, pues es una reducción del capital pagado. Con esta corrección, el resultado final se reduciría a una pérdida de ‘solo’ 66.000 millones de pesos. Sin embargo, la conclusión del estudio de la Contraloría no corresponde a la realidad de lo que pasó con Granahorrar, porque los autores empiezan su análisis en el segundo capítulo de la historia y olvidan un antecedente muy importante, que son las razones que hicieron necesaria la oficialización de Granahorrar: ¿por qué el problema de esta Corporación pasó -en unas cuantas horas- de ser una situación de iliquidez a una de insolvencia? ¿Cómo es posible que una entidad financiera pierda en una noche y fuera de horario bancario la astronómica suma de 225.000 millones de pesos? ¿Esta pérdida fue una destrucción neta de valor o tuvo una contrapartida como utilidad en los balances de otras entidades? La respuesta a estos interrogantes es muy simple: Granahorrar perdió su patrimonio en una noche porque Fogafín y el Banco de la República decidieron cobrarle los préstamos de apoyo de liquidez que le habían hecho por 680.000 millones de pesos; pero no solo le cobraron el principal y los intereses, sino que se quedaron con el exceso de garantías que tenían, que eran unos 230.000 millones de pesos de cartera triple A. Por lo tanto, las pérdidas de Granahorrar significaron utilidades para el Fogafín y el Banco de la República, como se puede constatar en los balances de estas dos entidades de los años siguientes. En otras palabras, el quebranto patrimonial de Granahorrar se dio a costa de un enriquecimiento sin causa de las entidades oficiales. Según se infiere de los informes del propio Fogafín y del Banco de la República, los ingresos obtenidos por concepto de la cartera apropiada de Granahorrar ascendieron a cerca de 1,5 billones de pesos (ver cuadro No. 2), lo cual implica que las dos entidades oficiales tuvieron una utilidad cercana a los 800.000 millones de pesos, respecto del valor de los préstamos de apoyos de liquidez otorgados a la Corporación en 1998. Cuando se toman en cuenta todos los ingresos y egresos del Estado, derivados de la intervención de Granahorrar (Cuadro No. 3), se llega a la conclusión de que éste fue uno de los mejores negocios financieros del Gobierno en toda su historia, puesto que obtuvo ganancias nominales por 1,36 billones de pesos. Aplicando la metodología de la Contraloría para calcular el valor presente de estos flujos, se obtiene una ganancia superior a los 800.000 millones de pesos (0,25 por ciento del PIB). En conclusión, la sentencia del Consejo de Estado debe ser vista como la justa compensación a una expropiación sin indemnización que se realizó en 1998 y, aunque es onerosa, es muy inferior a las utilidades que obtuvo el Estado en todo el proceso de oficialización, manejo y venta de la entidad. Aún descontando el monto de la condena, Granahorrar sigue siendo un gran negocio para el Estado, pero el problema es que cuando estos negocios tan buenos son fruto de actuaciones arbitrarias de las autoridades, se genera desconfianza entre los inversionistas, que perciben que no se respeta el derecho a la propiedad. Afortunadamente, la decisión del Consejo de Estado es una clara señal del funcionamiento independiente de las instituciones y de que la justicia en Colombia se puede demorar, pero llega. La decisión del Consejo de Estado es una clara señal del funciona- miento independiente de las instituciones y de que la justicia en Colombia se puede demorar, pero llega”. Mauricio Cabrera Galvis . Consultor privado Granahorrar sigue siendo un gran negocio para el Estado, pero el problema es que cuando estos negocios tan buenos son fruto de actuaciones arbitrarias de las autoridades, se genera desconfianza entre los inversionistas”.

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