Grandes empresas, a salvo de impuesto al patrimonio por tener contratos de estabilidad jurídica

Entre las que han firmado esos contratos están: Alpina, Almacenes Éxito, Bavaria, Proficol Andina, Sofasa, Sociedad Zona Franca Argos, Sodimac, Zenú, Nacional de Chocolates, entre otras.

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mayo 10 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-10

Igualmente están Noel, Propilco, Avianca, Leonisa, Divco Comestibles, Comertex, Sociedad Cervecería del Valle, Sociedad Avesco, Empresas Públicas de Medellín, Teledatos Zona Franca, Hotelería Internacional y la Empresa Nova Mar.

Las cifras del Ministerio de Comercio a abril, señalan que se han aprobado 42 contratos y de esos se han firmado 37, los cuales cubrían inversiones por 4.673 millones de dólares (unos 10,3 billones de pesos, a la tasa de cambio de hoy) y "llevan implícitos 14.000 nuevos empleo directos".

Por eso, el Gobierno tendrá que ser muy creativo a la hora de definir cuál será la 'renta permanente' que irá a financiar la seguridad democrática después del 2010.

Y es que la Ley que le ha permitido aprobar contratos de estabilidad jurídica a esas 42 empresas, las pone a salvo no solo de que se les cobre el impuesto al patrimonio después del 2010 (mientras dure el contrato), cuando termina la vigencia de este gravamen,  sino también de que se les quite la gabela de deducir el 40 por ciento en el impuesto de renta por la compra de activos fijos productivos, en caso de que a alguien se le ocurra eliminarla, así como de un aumento en la tarifa de este impuesto que está en el 33 por ciento.

De esta forma, se les da la razón a quienes hace un año advirtieron del 'peligro' que esos contratos traerían para las finanzas públicas.

"La Ley 963 de 2005 garantiza a las empresas la vigencia de las leyes, decretos, resoluciones, circulares y en general todos los actos administrativos o sus partes, así como las interpretaciones, a través de un contrato celebrado con el Estado, por un  término de hasta veinte años.  Esta opción está siendo utilizada por las grandes empresas, principal y casi exclusivamente, para congelar las normas y la doctrina en materia tributaria. Cualquier intento serio de modificar la estructura tributaria, se va  a tropezar con esos contratos", advirtió hace un año el ex director de la Dian Horacio Ayala.

Hoy, y después de analizar varios de esos contratos, asegura que efectivamente en ellos las empresas pusieron a 'salvo' el artículo que crea el impuesto al patrimonio para las vigencias 2007, 2008, 2009 y 2010.

"Como esa norma está hasta el 2010, eso quiere decir que después de ese año a esas empresas no se les podrá cobrar el impuesto al patrimonio", explicó.

Por su parte, el consultor Mauricio Cabrera también advierte sobre esos contratos. "Lo que se debe discutir es qué pasa con esos contratos. A los que se les ha aplicado, que son los más grandes, ¿se les podría poner un nuevo impuesto de las mismas condiciones?", señaló Cabrera. 

El coordinador del Área de Finanzas de la facultad de Administración de la universidad de Los Andes, Francisco Azuero, afirma además que esos contratos permiten aplicar la nueva norma si beneficia a los firmantes, pero no adoptarlas si los afecta.

Entre tanto, el sector privado, representado en el vicepresidente del Consejo Gremial, Rafael Mejía, defiende no solo que la nueva renta se aplique a todo el mundo, sino también la existencia de los contratos.

En todo caso, en los contratos hay una cláusula en la que se establece cuáles son las normas que se salvaguardan con los convenios y en la gran mayoría se enumera el artículo 292 del Estatuto Tributario, que es el que crea el mencionado gravamen, también es común el artículo 158-3 (deducción del 40 por ciento) y se repite la cobertura para el artículo 240 del Estatuto que es el de la tarifa en renta.

¿De qué echar mano?

Si bien Anif señala que las fuentes permanentes deben provenir del desmonte de exenciones en renta, del aumento de la tarifa en renta al 35 por ciento y del alza del IVA al 18 por ciento, la única alternativa que quedaría sería el IVA.

Para los expertos en los temas tributarios, el Gobierno tendría dos salidas: el IVA o crear un nuevo impuesto que no tenga relación ni con las rentas ni con el patrimonio de las personas.

"Tendría que ser un impuesto totalmente diferente porque el Gobierno no podría aumentar las tarifas en renta, que también están a salvo por los contratos, ni establecer uno que se base en el patrimonio porque las empresas podrían presentar alegatos ante la justicia y no creo que el Gobierno se arriesgue porque ya enfrenta muchas demandas", dijo Ayala.

Anif habla de inequidad

En un análisis hecho por Anif sobre seguridad y defensa y su financiamiento, se cuestiona la inequidad del impuesto. Recuerda que en el 2002 cuando se estableció el impuesto al patrimonio en una primera versión, lo pagaban quienes tuvieran patrimonio  superior a 170 millones de pesos, lo que cobijó a cerca de 310.000 contribuyentes. Sin embargo, con la reforma tributaria de 2006 se estableció para patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos, lo que implica que recaiga solo sobre 7.500 contribuyentes.

Igualmente, plantea, como lo han hecho el banquero Luis Carlos Sarmiento y el presidente Álvaro Uribe, que se defina una fuente permanente que no solo permita mantener la política actual, sino para que también llegue y se asegure en las ciudades.

"Nos exige asegurar financiación de carácter permanente a nivel presupuestal, tal como ocurre con las obligaciones de la educación, la salud, las pensiones, etc., financiadas por todos aquellos que tienen capacidad de tributación y que deberían ser mucho más del 6 por ciento de la población económicamente activa que actualmente declara renta o más del 0,04 por ciento de esa misma población que paga el impuesto patrimonial", dice Anif.

Y agrega que el financiamiento ocasional que recaiga sobre los activos productivos de las empresas, afectaría la competitividad de éstas.

De otra parte, los analistas creen que antes que nada hay que abrir el debate sobre los gastos que se están financiando con los recursos del impuesto al patrimonio porque si bien el Gobierno dijo en un comienzo que serían gastos extraordinarios, al  parecer terminaron financiando gastos corrientes.

IVONNE VENEGAS MOLANO
Redacción de Economía y Negocios

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