Grupo de congresistas reclaman dinero de venta de electrificadoras en Santander, Meta, Boyacá y Cundinamarca

Aunque el Gobierno asegura que los recursos se invertirán en obras para las regiones, los Parlamentarios reclaman los recursos, pese a que aún no se han vendido esas empresas.

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mayo 13 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-13

Parlamentarios de varias zonas temen que les hagan 'conejo' a las regiones con la venta de las electrificadoras en las que tiene control la Nación, y que no se destinen a obras en esos departamentos, como ha ocurrido en el pasado.

Así lo plantearon en pleno debate en la comisión Sexta del Senado, en el que participaron los ministros de Hacienda y de Minas y Energía, quienes dijeron una vez más que la venta de las electrificadoras de Santander, Norte de Santander, Meta, Boyacá y Cundinamarca no tiene reversa.

"A ciencia cierta no se sabe para qué ni en qué se van a empelar esos recursos", dijo el senador Jorge Pedraza del departamento de Boyacá.

El Gobierno ha dicho que retornará los recursos de la venta de las empresas para la ejecución de obras en las regiones donde operan. Se espera que con la enajenación de las acciones, la Nación reciba por lo menos 1,2 billones de pesos.

El senador Efraín Torrado de Norte de Santander calificó como un 'contentillo' los recursos que le quedarán luego de la venta, ya que se tiene la experiencia de que finalmente el dinero de la venta se usa para otros fines al quedar refundido en el Presupuesto Nacional.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga defendió el proceso. "No es una plata para hacer una lista de mercado, pero es una oportunidad única para las regiones de construir las obras que necesitan", dijo.

Eso sí, el jefe de la cartera de Hacienda recordó a los parlamentarios que por ley, el 10 por ciento de la venta de la participación de la Nación en esos activos deberá ir al fondo de pensiones territoriales (Fonpet) y el otro 90 por ciento, a un programa de obras concertado.

Entre tanto el ministro de Minas, Hernán Martínez, reiteró el deseo del Gobierno de ofrecerles a los departamentos que se queden con hasta el 51 por ciento de las empresas, con la condición de que la operación de las compañías quede en manos de un inversionista estratégico.

Sin embargo, la compra de acciones por parte de los departamentos es poco probable, salvo por el caso de Santander, pues la mayoría de ellos no tienen los recursos para esta clase de inversión.

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