Se perdió la década pasada. La responsabilidad del próximo Gobierno es impedir que se malgaste otra, pero el escenario económico de los siguientes cuatro o cinco años, en términos de los indicadores de pobreza y desigualdad, ya está prácticamente definido.
Hay varios capítulos de la administración Uribe que merecen continuidad advertida, estudiada y revisable. Pero nada de lo que ha hecho la administración Uribe es intangible y eterno. Por ejemplo, la noción de la Seguridad Democrática no es ni intangible ni eterna, así se haya convertido en el Santo Grial de la política pública de este país.
Los candidatos uribistas se atropellan compitiendo entre sí para ganarse el título del discípulo más amado, del intérprete más fiel. Y los demás candidatos, que van desde el color gris que no se decide ni por la oposición ni por el libro uribista, hasta los críticos más agudos, se cuidan de no remover mucho las empalizadas de la Seguridad Democrática, no sea que pierdan votos (por aquello del tal Estado de opinión).
Pero sigue siendo cierto que es urgente una mirada crítica, una revisión sabia de la política de combate a los grupos armados ilegales. Por muchas razones y motivos, el próximo Jefe de Estado deberá enfrentar esa revisión, quien quiera que sea.
En cuanto a la calidad del proceso económico de Colombia, ciertamente otro país es posible. En sentido contrario de la propaganda oficial, durante los últimos ocho años la conducción de la economía colombiana, por parte del Gobierno Nacional, ha sido un error histórico de grandes proporciones. Un error que tendrá inevitables resonancias durante los próximos años.
La vara con la que debe medirse la calidad del proceso económico tiene dos componentes: uno, el conjunto de indicadores de pobreza y de desigualdad de ingresos y acceso a los derechos ciudadanos fundamentales, y dos, el conjunto de indicadores de la sostenibilidad ambiental, institucional y financiera de la economía nacional.
Entre los parámetros que usa el análisis económico corriente y estos indicadores de pobreza, desigualdad y sostenibilidad hay una relación estrecha: altos niveles de empleo pueden ser signos de que la pobreza está bajando; un rápido crecimiento del PIB puede producir un cambio en las condiciones de pobreza y desigualdad social.
Una creciente disponibilidad de bienes y servicios es condición necesaria para que haya una reducción de la pobreza; esta oferta ampliada de bienes materiales no puede ser flor de un día; la sostenibilidad ambiental, institucional y financiera es de la esencia.
La pobreza y la desigualdad son factores de grave bloqueo al crecimiento económico, y una disminución de la desigualdad de la riqueza favorece poderosamente el crecimiento económico y genera un círculo virtuoso a favor del buen desempeño económico de la sociedad.
Sin duda alguna, la sociedad colombiana exige un fuerte golpe de timón desde el Estado para que la calidad social del proceso económico mejore en comparación con el mediocre legado de la administración Uribe en este campo.
Pero estamos frente a una dura realidad: el golpe de timón que se necesita no va a producir efectos inmediatos; ningún gobierno que haya de instalarse el 7 de agosto podrá prometerle seriamente a la ciudadanía que hacia el 2014 la economía colombiana será una buena máquina exportadora de bienes distintos a hidrocarburos y minerales, o que las finanzas públicas tendrán un buen músculo inversionista, o que el crecimiento económico será siquiera del 6 por ciento anual a mediados de la década, o que la pobreza extrema en Colombia habrá bajado diez puntos.
Se perdió la década pasada. La responsabilidad del próximo Gobierno es impedir que se malgaste otra, pero el escenario económico nacional de los siguientes cuatro o cinco años, en términos de los indicadores de pobreza y desigualdad, ya está prácticamente definido. El debate electoral debiera ser la ocasión para que los analistas económicos discutan si este difícil panorama es modificable o no.