Haraquiri presidencial con el referendo

Haraquiri presidencial con el referendo

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julio 02 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-02

No cabe duda de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en sus funciones e incurrió en la ligereza de sugerir la eventual ilegitimidad del acto legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata, un acto cuyo estudio no era motivo del proceso ni campo de su competencia.

Sin embargo, muchos colombianos atónitos nos preguntamos, ¿era necesario que el presidente Uribe, basado en su desacuerdo con dicha sentencia, sometiera a Colombia al salto al vacío institucional que representaría la convocatoria de un exótico referendo para "legitimar" su mandato, repitiendo unas elecciones que nadie, ni siquiera la Corte Suprema, ha puesto en duda?

Claro que no. El Presidente, como jefe de Estado, tiene la obligación de respetar los cauces institucionales, incluyendo las providencias de los altos jueces, así no le gusten, y debió esperar, con la tranquilidad de quien nada debe, a que la Corte Constitucional, única llamada a pronunciarse sobre la validez del acto legislativo que se aprobó con el voto de Yidis, tomará una decisión al respecto.

Conociendo la seriedad de esta Corte, lo más posible es que se declare impedida para volver a estudiar una materia sobre la cual ya falló y que hizo tránsito a cosa juzgada. ¡Y ahí terminaría la historia!

Lástima que el Presidente haya obrado con cabeza caliente, y así mismo sus asesores, que no tuvieron el coraje o el discernimiento para hacerle ver las nefastas consecuencias del referendo que hoy están decididos a convocar.

Si alguien hubiera tenido un ápice de calma y de sentido común, le habría dicho al mandatario que este referendo no es otra cosa que un "haraquiri", una forma ceremonial de cometer suicidio, para un gobierno y un Presidente que debieran terminar su período trabajando bien por Colombia, como lo han hecho hasta ahora, y no desgastados en la defensa de la legitimidad de un mandato que casi nadie cuestiona.

La Sala Penal de la Corte Suprema puso en duda la legalidad del acto legislativo de reelección, pero esta sala no es la Corte Suprema, ni es la Corte Constitucional, ni es el Congreso ni es los millones de colombianos que votamos por Uribe y aspiramos a que culmine bien su gobierno, consolidando la seguridad democrática y la confianza inversionista.

No merecía esta sentencia que el país entero entrara por la senda de la incertidumbre, detuviera su engranaje legislativo y su buen paso económico, para intentar repetir unas elecciones que -repito- nadie cuestiona.

Con el referendo se pierde por punta y punta: Si llegara a pasar el filtro del Congreso, el de la Corte Constitucional y el del sufragio, representaría casi un año perdido en la política colombiana y en la necesaria estabilidad jurídica y económica del país.

Pero hay un riesgo aún más grande, que parece que el Presidente y sus asesores no han tenido en cuenta. Muy a pesar de la inmensa popularidad de Uribe, lo más probable es que este referendo innecesario no alcance la votación requerida del 25% del censo electoral, que estará sobre los 7 millones de votos.

Así ocurrió ya en el 2003, cuando el gobierno perdió su apuesta apenas iniciando su primer mandato. Mucho más puede pasar ahora, cuando muchos colombianos, incluidos aquellos que votamos por Uribe una y otra vez, preferirán quedarse en casa que salir a votar por un mandato agonizante que se puso, él solo, al borde del abismo.

¿Y qué pasa si se pierde el referendo, no por falta de mayorías sino de votos para llegar al umbral del 25% del censo electoral? ¿Se acabaría el gobierno antes de tiempo? ¿Quién asumiría la presidencia? ¡Ese es el haraquiri que el Gobierno está a punto de aplicarse, sin que nadie lo advierta!

Es momento de rectificar, señor Presidente. La mejor defensa de las instituciones es dejarlas funcionar y confiar en su curso.

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