Hay colombianos sin servicios públicos acordes al siglo XXI

El encargado del ente de control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios en el país, dice que la mala calidad sigue generando caos en todo el sistema.

Cesar González, actual Superintendente de Servicios Públicos

CEET

Cesar González, actual Superintendente de Servicios Públicos

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mayo 10 de 2013 - 02:35 a.m.
2013-05-10

Cesar González, actual Superintendente de Servicios Públicos, dice que el país vive una doble realidad en esta materia.

Por un lado, explica, está lo que se ve en las áreas metropolitanas con buena cobertura y calidad, pero al interior de esas ciudades, unos suburbios con pobreza, informalidad y criminalidad, y con deficiencia en la prestación.

“Son ciudades invisibles a la conciencia colectiva”, dice.

El funcionario señala que en los últimos 20 años se ha avanzado en cobertura, pero no en calidad, y le asigna mayor culpa al Estado que a los prestadores del servicio.

“Hay fondos, transferencias presupuestales, pero no se resuelven los problemas”.

González, en el cargo desde septiembre del 2011, agrega que “puede haber 12 millones de colombianos que no tienen lo que el siglo 21 les debiera estar ofreciendo en calidad y continuidad, sobre todo en acueducto y alcantarillado”.

De la energía eléctrica, dice, es el servicio que menos problemas presenta, mientras que en aseo analiza mayores complejidades que están convirtiéndose en líos ambientales.

El Superintendente hace un panorama del sector que vigila y regula, y habla de tres temas específicos en Bogotá, Cali y la región Caribe.

¿Por qué dice que el aumento de la cobertura no representa calidad?

Porque en muchas partes del país los servicios de acueducto no son continuos, son vulnerables; es impresionante el número de poblaciones acostumbradas a tener seis horas de agua a la semana, a pesar de contar con redes. Lo que pasa es que la infraestructura del acueducto no da sino para racionamientos.

¿El mayor problema para el control y la vigilancia lo presentan los acueductos?

Sí, porque hay cerca de 2000 prestadores inscritos en el Registro Único de Prestadores, pero el número real de estos, que debería ser sujeto de nuestro registro y nuestra vigilancia, puede ser 4000. Esa informalidad es un mundo inmenso que acá no se conoce, no hace parte de la mentalidad normal de los gobernantes. Esas voces tampoco se hacen oír.

¿Cómo va el proceso contra el Acueducto de Bogotá, por la mala calidad del agua para el consumo?

Esa investigación está en marcha, terminando; recibimos hace un mes descargos al pliego de cargos que le hicimos a la empresa, y nos pronunciaremos en poco tiempo sobre eso.

Tenemos otras investigaciones en relación con aseo, por calidad de servicio, lo tarifario, que es una realidad oscura en la ciudad.

Los ciudadanos no tenemos idea del régimen tarifario que se aplica; ha habido problemas logísticos, técnicos y de definición conceptual.

No puedo anticiparme a la decisión judicial. Lo cierto es que hubo registros de agua no apta para consumo humano en Bogotá el año pasado, la Súper hizo la indagación y parte de esos registros no fueron enviados a nuestro sistema de información, y tuvimos que hacer inspección directa para enterarnos de la situación, y eso es más criticable que el tema de agua no apta.

En Cali, ¿está lista Emcali para regresar al dominio del municipio?

Es indispensable que eso ocurra porque está intervenida y tomada en posesión por la Súper hace 13 años, y es una contradicción porque una intervención no puede ser tan prolongada.

La empresa está madura para retornar a su normalidad jurídica, pero se deben tener en cuenta tres situaciones.

Primero, por el rescate, Emcali tiene una deuda con la Nación de 1 billón de pesos. Los términos de pago deben quedar claros y definidos.

El pagaré obliga a pagar la deuda en 5 años y un trimestre, y Emcali tiene caja para cumplir esos términos y empezaría a pagar desde diciembre del 2014. Hemos dicho que quizá ese tiempo sería corto porque se apretaría la caja, pero en 10 años estaría bien. Gobierno y administración deben acordar ese pago; espero que antes del 3 de julio, cuando se levanta la toma de posesión.

Segundo, una declaración de buen gobierno de la Alcaldía que explique cómo será la administración de la empresa.

Tercero, el componente de telecomunicaciones.

La Superintendencia insiste en que se separe ese negocio porque se pierden oportunidades en el mercado de telecomunicaciones y porque un deterioro podría contaminar a toda la empresa.

Además, tiene una regulación completamente diferente e interferiría con nuestra gestión de control. El Consejo y la Alcaldía deben tomar la decisión.

¿Qué pasa con los servicios públicos en la región Caribe?

Los peores indicadores en calidad de servicios están en la costa.

Lo más grave es los acueductos, sobre todo en las regiones sureñas de La Guajira, Magdalena, Bolívar, pues es donde hay mayores problemas.

En electricidad también es complejo; revisamos el cumplimiento de metas de Electricaribe y creemos que es mejor la prevención que la sanción, pero el servicio no mejorará mientras no se hagan las inversiones requeridas. Entre 1999 y el 2009 se invirtieron 500 millones de dólares, sin fortalecer la infraestructura. Hemos acordado con el prestador que durante cuatro años se inviertan 500 millones de dólares.

De todas maneras, Electricaribe, en manos de Gas Natural Unión Fenosa, tiene una actitud más favorable.

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