‘No hay motivos para bloquear contratos de Odebrecht y H&H’

El secretario de Transparencia del Gobierno, Camilo Enciso, asegura que las autoridades judiciales de Brasil y Panamá afirman que sus investigaciones no involucran el pago de coimas en Colombia.

Odebrecht es parte del concesionario de la navegabilidad del río Magdalena.

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Odebrecht es parte del concesionario de la navegabilidad del río Magdalena.

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junio 26 de 2015 - 03:05 a.m.
2015-06-26

Esta semana las autoridades de Brasil y Panamá respondieron a las consultas del Gobierno acerca de si la corrupción que se investiga en estos dos países contra las firmas Obredecht e Hidalgo & Hidalgo podría haber tenido un capítulo colombiano. Y la conclusión, de acuerdo con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, es que, según estas instancias, no existen pruebas de que así sea.

Por eso, el funcionario recalcó en entrevista con Portafolio que, por ahora, no hay ningún argumento legal para bloquear las concesiones en que ambas compañías participan en el país –y que involucran obras por un valor superior a 7,3 billones de pesos como lo han pedido algunos sectores.

En medio del escándalo, incluso la directora de Transparencia Colombia, Elisabeth Ungar, sugirió que Colombia debe empezar a aplicar la Convención Antisoborno de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que le permitiría congelar específicamente el contratos de H&H para en el territorio nacional, concepto que es rebatido vehementemente por Enciso.

¿Serviría la Convención de la Ocde para congelar los contratos?

Lo que dijo la doctora Ungar es inexacto. No existe una sola cláusula en la Convención que le hubiera permitido al Estado colombiano inhabilitar a H&H. ni a Odebrecht. Lo que esta busca es que los países que la adopten se comprometan a penalizar en el ordenamiento jurídico interno los cohechos, o sea los sobornos en que incurran sus nacionales en el exterior. Eso no tiene que ver nada ni con Odebrecht ni con H&H. El marco penal colombiano sí penaliza el cohecho, pero en ninguno de los dos casos mencionados hemos recibido ninguna denuncia ni la hay en la Fiscalía por presunto pago de sobornos. Las adjudicaciones de los contratos se hicieron con perfecto y absoluto arreglo a la ley y no había ninguna causal que permitiera declarar esa inhabilidad. Y no podemos olvidar que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les manda.

¿Ya pidieron el concepto al Consejo de Estado sobre este tema?

El Gobierno va a radicar la petición antes de que termine esta semana. Nuestra consulta es: ¿bajo la ley colombiana es posible inhabilitar a las empresas cuyos administradores hayan sido condenados en el exterior por casos de corrupción o solo a aquellas que tengan relación con condenas o medidas de aseguramiento en contra de sus administradores proferidas en Colombia?

La interpretación que hasta el momento nos parece más razonable es que cuando estas normas hablan de sentencias judiciales o medidas de aseguramiento, se refieren a las adoptadas por autoridades colombianas, no a las adoptadas por las autoridades de cualquier país. En todo caso, el concepto los vamos a pedir con carácter de urgencia y esperaríamos que esté listo en un par de semanas.

¿Mientras tanto se congelan los contratos?

La Agencia Nacional de Infraestructura tiene 30 días hábiles antes de firmar el contrato que fue adjudicado al consorcio del cual hace parte H&H. Vamos a aprovechar ese periodo para hacer la consulta y estudiar la respuesta que nos dé el tribunal; es tiempo suficiente, y de esa manera podremos avanzar con mayor tranquilidad jurídica.

¿Y cómo se va a garantizar la transparencia?

Mi Secretaría le pidió a la Procuraduría un acompañamiento especial y preventivo en dicho contrato, de manera que alerte frente a cualquier irregularidad que llegue a conocer. Además, hemos iniciado un proceso de comunicación con las fiscalías de Panamá y Brasil para comprender mejor si lo que ocurrió allá tiene algún impacto sobre las contrataciones en Colombia.

¿Y qué han dicho?

La Fiscalía de Brasil nos respondió esta semana que en los hechos que han investigado (sobre Odebrecht) no han detectado irregularidades, sobornos o actos de corrupción que involucren los negocios de esa firma en Colombia. En el caso de Panamá, la fiscal del caso nos expresó de manera categórica que no ha investigado ni imputado cargos en contra de ningún representante legal o socio de H&H. También nos aclaró que capturaron a uno de sus apoderados y añadió que Juan Antonio Hurtado, quien según los medios había sido capturado y supuestamente era el Presidente de esa empresa, no es objeto de su investigación, ni es verdad que haya sido capturado por órdenes de su despacho.

¿Lo que ocurra allí tendría efecto penal en Colombia?

Eso es justamente lo que queremos esclarecer con toda certeza con el concepto del Consejo de Estado. Pero independiente de eso, los colombianos pueden tener la seguridad de que el Gobierno no les da la bienvenida a empresas que sobornen a los funcionarios.

AVANZA LEY ANTICORRUPCIÓN EN EL CONGRESO

El Gobierno espera que antes de octubre el Congreso apruebe una ley que aumenta las penas contra la corrupción transnacional. El proyecto ya pasó su primer debate y sería agendado para continuar su curso en la próxima legislatura.

Si bien Enciso aclara que la clave para combatir este flagelo está más en la eficacia y contundencia de la Fiscalía para perseguirlo y derrotar la impunidad que en arreciar el castigo, dicha norma, entre otras cosas, incrementa la multa máxima para el soborno –que hoy oscila entre 500 y 2.000 salarios mínimos mensuales– a 200.000 salarios (unos 128.000 millones de pesos de hoy).

Además, castiga a las compañías por la actuación ilícita no solo de altos directivos sino de cualquier empleado.