Una nueva mirada al ya casi olvidado desastre ambiental causado por la fiebre del oro en el río Dagua, Zaragoza, departamento del Valle, revela la existencia de poderosas organizaciones dedicadas a la extracción ilícita de minerales en el país, que aprovechan la respuesta dispersa y poco entusiasta de las autoridades para "operar y desaparecer", como por arte de magia.
La zona afectada del río se encuentra en un área titulada del Consejo Comunitario de la parte Alta y Media de la cuenca del río Dagua y en la reserva forestal de San Cipriano, departamento del Valle del Cauca. Se trata de más de 9.600 hectáreas, de las cuales un 60% está conformado por bosques primarios, donde los afrodescendientes prohíben la explotación de madera y viven desde épocas antiquísimas del barequeo.
Miembros del Consejo Comunitario entrevistados por 'Colombia Punto Medio' dijeron que gracias a la explotación de material de construcción para las obras de la doble calzada de la vía Cali al puerto de Buenaventura, el oro aluvial empezó a manifestarse en grandes volúmenes y a atraer la atención de buscadores de riqueza de otras regiones del país.
Sin embargo, fue desde mediados del 2009 cuando los medios de comunicación locales denunciaron la movilización de decenas de retroexcavadoras y dragas en el río, el levantamiento de un pueblo a la orilla de la carretera, la presencia de centenares de barequeros y de personas venidas de otras regiones, así como una dinámica comercial que floreció mientras las autoridades se limitaban a cruzar comunicaciones entre ellas o expresar lánguidas declaraciones por los medios.
Durante 19 meses operaron en la zona más de 350 relucientes retroexcavadoras coreanas, cada una avaluada entre 600 y 800 millones de pesos, se traficó silenciosamente con los químicos requeridos para la extracción de ese bien cotizado metal precioso, y surgieron de la nada decenas de casuchas camufladas en el verde de las montañas, un ejército de niños, bares y licor por doquier.
Diversas fuentes calculan entre 3.800 y 8.000 personas buscando oro a lo largo de más de 27 kilómetros del río en la época de mayor esplendor. Pero lo que vieron las autoridades que llegaron hasta la orilla del río, no tenía nada que ver con la mano invisible que puso orden al caos de la fiebre aurífera.
Testigos hablan de una poderosa organización que llegó con las retroexcavadoras, con el cianuro que la policía de carreteras nunca vio, con los compradores de oro de acento paisa; la que distribuyó el territorio entre capataces también invisibles, organizó a los barequeros, direccionó la compraventa del oro y ejerció como administrador de justicia.
Oficialmente se habla de 16 muertos en riñas y derrumbes, extraoficialmente la cifra asciende a 60. Esa misma organización mantuvo una bien aceitada logística capaz de neutralizar la acción de la autoridad, de movilizar el oro hasta Cali sin que se presentara ningún robo, y de llevar de regreso a Zaragoza millones de pesos para lubricar una economía que sólo funcionaba con dinero en efectivo.
Esta misma mano invisible, bien protegida por empresas legales de seguridad y motociclistas que vigilaban a quien se detenía en la zona, tenía además una bien organizada red para legalizar el oro entre las empresas fundidoras de Cali y Medellín, para venderlo gota a gota al Banco de la República o transportarlo en avioneta a Panamá, señalaron fuentes del puerto más importante sobre el Pacífico.
Periodistas locales dijeron que fueron utilizadas las fotocopias de las cédulas que incautos dejaron en las prenderías, para legalizar y vender el oro. Si algún día la Dian requiriera a estos 'vendedores' de oro, se encontrará con personas que debieron empeñar algún electrodoméstico y que jamás han tenido muestras de ese metal en sus manos.
Un negocio de varios billones de pesos
¿Cuánto oro pudo haberse extraído durante 19 meses de trabajo en el Dagua? Escasean las cuentas, pero abundan las estimaciones. Conocedores del tema calculan que, multiplicando el número de retroexcava- doras por su capacidad de extracción y una baja tasa de recuperación del mineral, se hablaría de una producción equivalente a 40 toneladas de oro en ese lapso.
Aunque los barequeros sólo recibían entre 50.000 a 60.000 pesos por onza, ese volumen colocado a precios internacionales valdría por $2,1 billones de pesos. ¿A dónde fueron a parar esos recursos? Si los comentarios de los lugareños son ciertos, una tajada quedó en manos de dichas organizaciones y otra en la bolsa de 'comi- sionistas' que hicieron su agosto.
No hay forma de probarlo y quizá el tema se refunda en el olvido, pero diferentes testimonios hablan de que el modus operandi de la mano invisible se asemejó a la forma de operar de los grupos paramilitares; que el frente 30 de las Farc cobraba comisión, y otros actores legales tenían maquinaria o cobraban peaje a las máquinas.
Falla en reacción oficial
Al final, la situación sólo se resuelve cuando intervienen la Procuraduría Provincial de Buenaventura y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, que, respondiendo una acción popular, ordena el desalojo de la zona afectada por la extracción ilícita de minerales. El alcalde actúa, pero ya es demasiado tarde.
Las retroexcavadoras salen presurosas al vencerse a principio de octubre el plazo para desalojar. ¡Nos vemos en Ataco! (Tolima), dicen cuando se van. Pero no todas se van para Ataco, se reparten por el territorio nacional y hoy siguen haciendo el mismo daño ambiental en los ríos Patía, Cajambre y López de Micay, o cordillera arriba donde llegaron por partes en helicópteros. Hoy siguen trabajando lejos de la mirada de las autoridades.
Conocen que un Estado fragmentado es incapaz de detenerlos y judicializarlos. La lección es costosa: la única forma de detener la mano invisible responsable de la extracción ilícita de minerales es con una respuesta de Estado, donde se integren y coordinen todas las autoridades.
2,1 billones de pesos es el valor estimado del oro extraído de Dagua en 19 meses de operación ilegal.