Aunque esa fecha parece lejana, quienes saben de estas cosas sostienen que el cronograma es relativamente ajustado, teniendo en cuenta la magnitud de las obras que son necesarias, las cuales incluyen entre otras la edificación de una presa y una sala de máquinas, además de la instalación de ocho turbinas y las redes de transmisión del caso. Pero para llegar allá, es indispensable conseguir la financiación y encontrar los mejores proveedores, algo crítico en un proyecto de más de 2.800 millones de dólares. Por tal motivo, es preocupante la polémica que ha rodeado la evolución de Hidroituango y que amenaza con afectar el calendario fijado. Dicha posibilidad no sólo debería alarmar a los antioqueños, sino a todos los colombianos, pues como lo acaba de probar la sequía reciente y el desafortunado ejemplo de Venezuela, la seguridad energética es fundamental para asegurar el crecimiento económico, sobre todo ante la probabilidad de que el calentamiento global haga más extremos los patrones climáticos. En ese sentido, son poco auspiciosos los dardos cruzados en días pasados. Éstos involucran en particular, al Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea), una entidad relativamente desconocida a nivel nacional, pero muy importante en el departamento. Creada en 1964, la institución se asemeja en algunos aspectos a un banco regional que les presta y les maneja recursos a los municipios y que impulsa iniciativas empresariales específicas. Con activos por 1,6 billones de pesos, es en diferentes áreas el brazo ejecutor de la Gobernación, sin estar sometido al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha particularidad le ha permitido un alto grado de autonomía que, en general, tuvo buena aceptación hasta hace poco. No obstante, el clima de concordia que rodeaba al Idea desapareció cuando éste adquirió por cerca de 97.000 millones de pesos las acciones que necesitaba para quedarse con la mayoría de Hidroituango, de la que posee el 52,89 por ciento. En la movida el principal sorprendido fue su socio, Empresas Públicas de Medellín, cuya tradición en la generación y distribución de electricidad le auguraba un rol estelar en el desarrollo del proyecto, como consecuencia de un acuerdo tácito entre ciudad y departamento. A pesar del rompimiento del pacto, ambos organismos lograron llegar a una especie de tregua con el fin de no entorpecer el avance de Hidroituango. Sin embargo, junto a ese tipo de entendimiento, arribaron también las obligaciones financieras. De tal manera, el capital pasó de 160.000 a 300.000 millones en el 2009, y en marzo pasado se autorizó un nuevo incremento, a 560.000 millones de pesos. La razón no es otra que el presupuesto de inversiones y funcionamiento, que asciende a 390.000 millones en el presente ejercicio. El problema es que estas monumentales sumas desbordan la capacidad del Idea. Con un patrimonio de 391.624 millones de pesos, su músculo es muy inferior al que tiene EPM, cuyos activos suman 24 billones y su patrimonio, 17,8 billones de pesos. A la luz de esa diferencia, lo lógico sería que la entidad departamental aceptara que no tiene cómo cumplir con sus aportes sin poner en serios aprietos a la Gobernación, para así dar un paso atrás. Lamentablemente, el camino elegido resultó otro. Ahora el Idea quiere hacer una subasta con el fin de entregar el proyecto a cambio de una prima, para lo cual ha convocado a una serie de multinacionales que entrarían en puja a finales de julio próximo. ¿Resultará la estrategia? Es difícil decirlo. Pero incluso si el Instituto sale avante en su apuesta, semejante especulación con los bienes públicos y con el futuro energético de Colombia, es poco menos que irresponsable. "Es preocupante la polémica que ha rodeado la evolución de Hidroituango y que amenaza con afectar seriamente el calen- dario fijado para el proyecto energético más importante en la historia del país".ADRVEG
