El impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio

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julio 12 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-12

Si se va a prolongar la vigencia del impuesto al patrimonio, sería mejor que se gravara en cabeza de los dueños de las empresas. Así mejoraría la progresividad del tributo.

Es indudable que el Gobierno se enfrenta a varios problemas si aspira a prolongar la vigencia del impuesto al patrimonio. Las empresas que han firmado contratos de estabilidad jurídica se han protegido, en su mayoría, frente a cambios en esta normatividad, de tal manera que una extensión de este impuesto no podría aplicárseles a ellas.

Frente a las incertidumbres fiscales, el Gobierno debería dejar de firmar estos contratos.

Pero debe contemplar otras posibilidades de reforma, como cambiar la base gravable. En el cálculo de esta base se excluye el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales.

Siguiendo la pauta fijada en la reforma tributaria de 1986, que eliminó la llamada doble tributación, y decidió que en el caso de sociedades quien pagara el impuesto a la renta fuera la empresa y no el accionista, el impuesto al patrimonio se decidió establecer en cabeza de las empresas, de tal manera que el valor patrimonial de las personas en las sociedades nacionales quedara excluido del cálculo del patrimonio líquido de sus dueños.

Lo anterior tiene una consecuencia inconveniente: un pequeño inversionista que haya decidido comprar acciones en cualquier empresa, o un pequeño aportante a fondo de pensiones, termina pagando impuesto al patrimonio en proporción igual al accionista mayoritario, lo cual contraría el espíritu progresivo que debería tener un impuesto al patrimonio: gravar más a los contribuyentes que tengan más riqueza. La alternativa consiste en contabilizar la base gravable, preferentemente, en las personas antes que en las empresas.

Bastaría con invertir la exclusión patrimonial: toda sociedad deberá reportar a la Dian quiénes son los dueños de su patrimonio, y en qué proporción. Estos dueños deberán consignar en su declaración de renta dicho valor (o la suma de valores que tengan en las diferentes empresas) y sobre esa suma, más los otros activos de que disponga distintos a inversiones en sociedades, pagarían el impuesto. La empresa no pagaría el impuesto al patrimonio. Tendríamos un esquema claramente más progresivo.

Una ventaja de esta propuesta es que no se podría acusar al Estado de violar los contratos de estabilidad jurídica, puesto que, si bien la Ley 963 del 2005 contempló la posibilidad de que las personas naturales se beneficiaran de este mecanismo, hasta ahora ninguno de estos contratos se ha firmado con alguna de ellas.

FRANCISCO AZUERO*
* Profesor asociado, Facultad de Administración, Universidad de los Andes.

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