El impuesto al patrimonio: innecesario

Actualmente se están invirtiendo (las cifras son del 2008) cerca de $22,6 billones para fines de defensa y seguridad a través del presupuesto de la nación. Este monto representa más de 5% del PIB.

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julio 15 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-15

Se empezará a discutir en el Congreso una nueva prórroga al impuesto al patrimonio: cuarta versión desde que comenzó el Gobierno de Álvaro Uribe.

La justificación que se ha dado de este nuevo tributo se asocia a la necesidad de financiar faltantes que se avizoran en los presupuestos defensa y seguridad de la nación a partir del 2011.

La tesis central de este artículo es la siguiente: al gasto militar (una vez se cuantifiquen con rigor sus faltantes, cosa que aún no ha hecho el Gobierno) debe buscársele la financiación requerida. Ello resulta conveniente ante las precarias condiciones de orden público que todavía perduran en el país.

Pero el camino constitucional y operativo más correcto para hacerlo no debe ser la creación de un nuevo impuesto con destinación específica como el que se está proponiendo. Hay otras alternativas más adecuadas para arbitrar los recursos faltantes. Recurrir a una nueva prórroga del impuesto al patrimonio sería una vía equivocada y malsana. Varias razones sustentan esta proposición:

Primera: Actualmente se están invirtiendo (las cifras son del 2008) cerca de $22,6 billones para fines de defensa y seguridad a través del presupuesto de la nación. Este monto representa más de 5 puntos porcentuales del PIB, y es equivalente a casi el 15% del total de gasto público que ejecuta el país. Este porcentaje resulta ya ligeramente superior al total de la inversión social que realiza Colombia.

Ahora se aduce que se necesitan recursos adicionales a partir del 2011 para defensa y seguridad. Y por eso se ha planteado una prórroga por cuatro años a la vigencia del impuesto al patrimonio.

Los faltantes en los presupuestos de defensa y seguridad a partir del 2011 parece que se generan por el hecho de que el Gobierno destinó cerca de un 30% del actual impuesto al patrimonio (recaudado entre 2006 y 2010) a financiar, no gastos asociados al equipamiento militar del país como era el propósito de la ley, sino a atender gastos de funcionamiento recurrentes.

Como es obvio, al expirar la vigencia del impuesto al patrimonio actual quedará un hueco desfinanciado en los gastos de funcionamiento de la defensa. Que es lo que se buscaría cubrir con ésta nueva prórroga del impuesto al patrimonio. Pero nótese: el problema lo creó el propio Gobierno.

Desvió recursos que estaban previstos para la adquisición y/o repotenciación de equipos militares al pago de gastos de funcionamiento de carácter permanente, para lo cual no se había autorizado el impuesto al patrimonio.

Segunda: pero además de lo anterior cabría preguntar: ¿es necesario prorrogar otra vez el impuesto al patrimonio por cuatro años más, o sea, del 2011 al 2015? En rigor esto no es indispensable hacerlo.

El Gobierno ha anunciado que, de manera simultánea, le planteará al Congreso la reducción del 40% al 30% de la deducción por adquisición de activos productivos.

Esta gabela tributaria está teniendo un costo fiscal extravagante de $3,8 billones anuales para el fisco. Pues bien: la sola reducción del 25% en la magnitud de este privilegio (del 40% al 30%) generaría un ahorro suficiente para financiar con holgura los requerimientos anuales que, se alega, le faltan a los presupuestos de defensa y seguridad del país a partir del 2011.

Tercera: por otro lado es bueno recordar que no resulta ni técnica ni jurídicamente correcto financiar gasto militar con impuestos de destinación específica. El gasto de defensa debe atenderse a partir de la bolsa común de tributos, no a través de impuestos con destinación específica. Esto no sólo lo prohíbe de manera perentoria el Artículo 359 de la Constitución, sino que, además, es un procedimiento a todas luces inconveniente.

Cuarta: si con el producido del nuevo impuesto al patrimonio se atienden a partir del 2011 nuevamente gastos recurrentes (o sea, gastos que es necesario repetir todos los años, lo que, en el caso de los gastos de defensa sucedería a no ser que se dé la hipótesis, muy improbable, que se reduzca el pie de fuerza) a la expiración de la vigencia del nuevo impuesto se repetirá el problema que hoy estamos enfrentando.

O sea, que hay que prorrogarlo, porque quedan desfinanciados gastos de funcionamiento al expirar la fuente fiscal que los respalda.

Sea dicho de paso, valdría la pena averiguar también si la profusa campaña publicitaria institucional emanada del Ministerio de Defensa durante los últimos años se financió con recursos ordinarios o con fondos provenientes de ese impuesto. Si esto último sucedió, fue un nuevo uso incorrecto del tributo sobre el patrimonio.

Quinta: si el Gobierno y el Congreso insisten en imponer un impuesto al patrimonio deberán cerciorarse al menos que lo paguen los más ricos.

No las clases medias. Se ha mencionado un nivel de $2000 millones hacia arriba, con tarifa progresiva, a partir del cual se establezca quién tiene capacidad de pago para asumir este nuevo tributo.

Pero aún acá hay que ser prudentes. El actual impuesto al patrimonio lo han venido pagando todos los contribuyentes (personas naturales y jurídicas) que en 2006 acreditaron tener un patrimonio líquido superior a 3.000 millones. Dentro de este grupo quedaron incluidas las empresas municipales de servicios públicos que, teniendo unos patrimonios altos, no pertenecen a grandes inversionistas, sino a las ciudadanías de las diversas ciudades.

Cerca de una cuarta parte del actual impuesto al patrimonio lo han venido aportando estas empresas. Lo cual significa que un 25% del impuesto al patrimonio que expira en el 2010 no ha estado a cargo de los ricachones del país, sino indirectamente de las clases medias.

En el diseño del nuevo impuesto (en la desafortunada hipótesis de que se insista en su continuación) debe tenerse mucho cuidado que realmente lo paguen sólo los contribuyentes con mayor 'capacidad de pago'. Como debe ser siempre que se grava el concepto de riqueza.

Conclusión: todo lo anterior demuestra que es inoportuna una nueva prórroga del impuesto al patrimonio, lo cual no significa que se desconozca la importancia del gasto militar en la coyuntura actual que vive el país. Lo que proponemos es que se financie de manera distinta.

La aritmética fiscal permite concluir que con el sólo ahorro que generaría la reducción del 40% al 30% en la deducción por la adquisición de activos productivos se podrían atender los faltantes que se vislumbran en los presupuestos de la defensa a partir del 2011.

Estos faltantes los generó la actuación descuidada del Gobierno al destinar incorrectamente parte del impuesto al patrimonio (30%, según lo ha reconocido el propio Ministerio de la Defensa) a atender gastos de funcionamiento de carácter recurrente.

Por último, tanto desde el punto de vista constitucional como práctico, resulta mucho más conveniente financiar los gastos que requiera la defensa nacional (que es un tipo de gasto meritorio siempre y cuando su eficiencia se evalúe juiciosamente, pues de lo contrario de convierte en un barril sin fondo) a través de la bolsa general de los ingresos públicos.

Y no a través de otro impuesto con destinación específica, como el que está proponiéndole el Gobierno al Congreso con esta nueva prórroga al impuesto al patrimonio.

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