Incautación en Ecuador crea gran polémica

Los fantasmas de la crisis bancaria que sacudió entre 1998 y 1999 a Ecuador fueron revividos en la madrugada de ayer, cuando miembros de la Policía irrumpieron por la fuerza, cerca de las 3:00 a.m., en las instalaciones de dos cadenas de televisión en Quito y Guayaquil.

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julio 09 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-09

La acción, que fue transmitida en vivo por otros medios de comunicación, hacia parte del plan adelantado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que busca recuperar 661,5 millones de dólares que se esfumaron en Ecuador durante la crisis financiera de finales de la década pasada. El AGD es una entidad que fue creada por el Gobierno después de la quiebra de una veintena de bancos, y cuyo principal objetivo es devolver a los ecuatorianos la totalidad de los depósitos. Pero, ¿qué tienen que ver TC-Televisión y Gamavisión, los medios de comunicación que fueron allanados, con el descalabro financiero de los 90? La respuesta es que ambas estaciones están emparentadas con el denominado ‘Grupo Isaías’, que hace referencia a las empresas en las que tuvieron participación Roberto y William Isaías, ex propietarios del banco Filanbanco, al cual se le acusa de haber malversado fondos entregados por el Estado. Ambos personajes están pedidos en extradición por Ecuador a Estados Unidos para que se sometan a la justicia. “El hueco patrimonial es tan grande, (...) que los canales de televisión deben ser, a lo mejor, el 3 por ciento de todas las empresas, compañías, bienes inmuebles, yates y aviones que ordené incautar”, señaló en rueda de prensa Carlos Bravo, gerente de la AGD. Entre las firmas figuran empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, además de los medios de comunicación, así como yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles. MEDIDA POLÉMICA Por supuesto, la iniciativa de la AGD que dispuso “la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998”, levantó ampolla en todo el país. Tanto así que el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, renunció sorpresivamente a su cargo por estar en desacuerdo con la incautación de las cadenas de televisión. De inmediato fue nombrada Wilma Salgado, ex gerente de la AGD, que señaló que la decisión se fundamentó en el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica, que le asigna la capacidad de incautación de los bienes de ex accionistas de los bancos cerrados que hayan incumplido con una serie de condiciones como facilitar datos de balances. Para los opositores al Gobierno, la medida tiene un claro tinte político y busca acallar las críticas contra el presidente Rafael Correa. Incluso, reportes de televisión mostraron a algunas de los 195 empresas incluidas en un listado funcionando con aparente normalidad, tal como Seguros Rocafuerte, TV Cable y Hotel Ramada, en Guayaquil. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solhá, rechazó lo que llama un ambiente “totalitario”. Para Peñaherrera, la incautación de los canales privados TC-Televisión y Gamavisión atenta contra la libertad de expresión, una característica propia de los gobiernos totalitarios. “Vivimos momentos escalofriantes cuando todo el sistema de libertades que vivimos están siendo vulneradas”, comentó al formular un llamamiento a los ecuatorianos a defender las libertades porque, a su criterio, “nunca en la historia se hicieron cosas como las que se están haciendo ahora”. VOCES A FAVOR Sin embargo, también hay quienes apoyaron la medida tomada por el presidente Rafael Correa. El Movimiento Popular Democrático (MPD) calificó como “legítima, legal y correcta la decisión de la AGD, ya que todos los banqueros que han perjudicado al Ecuador deben ser sancionados, extraditados y encarcelados”. Para el MPD, las incautaciones, “están encaminadas a recuperar los 8.000 millones de dólares del salvataje bancario, que en los últimos 10 años gobiernos serviles a la banca y al poder económico del Ecuador, no lo han hecho, convirtiéndose en cómplices de estos”. Lo cierto es que mientras que el país debate si la medida tiene un mayor carácter político que económico, cientos de trabajadores de las empresas incautadas esperan ahora una solución para no perder sus puestos de trabajo. Cerca de 250 empleados del canal Gamavisión iniciaron ayer mismo una “huelga de brazos caídos”, como medida para protestar por una acción que los dejó sin trabajo. '' Es tan grande el hueco patrimonal, que creo que será muy difícil que el Estado pueda recuperar tan ingente perjuicio”. Carlos Bravo. Gerente de la AGD. '' Vivimos momentos escalofriantes en los que todo el sistema de libertades es vulnerado”. Blasco Peñaherrera. Presidente Cámara de Comercio Quito. Correa dice que no hay ningún tipo de censura El presidente de Ecuador, Rafael Correa, negó ayer que la incautación de dos cadenas de televisión, que pertenecían a ex banqueros prófugos, sea una jugada política para acallar a la prensa antes del referendo constitucional, que le permitiría buscar la reelección inmediata. “La mala fe, los de siempre, están tratando de desprestigiar al Gobierno, (diciendo) que la incautación de los bienes del ‘Grupo Isaías’ se hace en este momento porque el Gobierno está declinando en las encuestas y el Sí está perdiendo”, señaló el Presidente ecuatoriano. El mandatario justificó la resolución por la cual la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) expropió las empresas y sañaló que “para desprestigiar esta incautación hoy (ayer) se la quiere hacer pasar como un atentado a la libertad de expresión”. Correa aseguró que la acción sólo pudo concretarse ahora debido a que la Agencia -pese a que el proceso llevaba diez años- no había fijado el monto de las pérdidas de Filanbanco, y descartó de paso que el Gobierno tenga interés en quedarse con las televisoras. “Lo que menos le interesa al Gobierno es ser administrador de esos bienes, lo que sí nos interesa es finalmente que se haga justicia y los que atracaron al pueblo ecuatoriano en esa crisis bancaria, que tanto dolor costó, finalmente respondan con sus bienes”, expresó el gobernante. Correa se mostró contrariado con los cuestionamientos a la medida y pidió ignorar “a los profetas del desastre” que, según él, sólo quieren sembrar discordia y mala fe. Correa aspira que con lo que se recupere con la incautación se pague a los afectados por el cierre del Filanbanco, por lo que aspira que no se presenten impugnaciones a la acción para evitar alargues en el proceso. Los medios críticos del Gobierno consideraron injustificado el embargo y lo tacharon como una maniobra con la cual Correa busca ganar el referendo al que será sometida la nueva Constitución, que incluye una enmienda que le permitiría postularse a la reelección y otra que prohibiría a los banqueros ser propietarios de medios de comunicación. '' Nos interesa que los que atracaron al pueblo en esa crisis bancaria, respondan con sus bienes”. Rafael Correa. Presidente de Ecuador. WILABR

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