Inconvenientes por renegociación (opinión)

La situación que se está presentando con la ejecución de algunos contratos de concesiones de obras públicas pone de presente la existencia de enormes deficiencias institucionales.

Finanzas
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marzo 22 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-22

La situación que se está presentando con la ejecución de algunos contratos de concesiones de obras públicas pone de presente la existencia de enormes deficiencias institucionales en la normatividad y en la manera de hacer cumplir los contratos públicos.

Se ha generalizado, por ejemplo, la costumbre de renegociar estos contratos para incluir obras adicionales. ¿Cuál es el problema con las adiciones o prórrogas?

Entendámoslo mejor con un ejemplo: supongamos que una entidad pública lanza una licitación para el adelanto de una obra. El proponente A (una firma seria) estima unos costos razonables para adelantarla en 1.000 millones de pesos y sobre esa base presenta su oferta. El proponente B (una firma oportunista) hace un cálculo semejante, pero gracias a sus contactos e influencias, logra la promesa informal de que, una vez firmado el contrato, se van a incluir obras adicionales por valor de 600 millones de pesos, monto que es permitido por la legislación existente. Esta información, obviamente, no la tiene la firma A. El proponente B participa en la licitación exigiendo solamente 950 millones de pesos y con ello se gana la licitación. Los costos de las obras adicionales son de 400 millones de pesos. Una vez iniciada la obra, la entidad pública (o en algunos casos la empresa contratista), solicita el adelanto de obras adicionales. Puesto que no hay competencia, la firma oportunista puede pedir y obtener 600 millones de pesos. Así las cosas, una obra total que hubiera costado, en condiciones de competencia, 1.400 millones de pesos, termina constándole al Estado 1.600 millones.

No es de extrañar que Colombia sea uno de los países de América Latina en donde son más frecuentes las renegociaciones en las concesiones públicas, como lo han demostrado repetidos estudios académicos. Lejos de indicar ello una supuesta flexibilidad del Estado, lo que indica es, en el mejor de los casos, su falta absoluta de planificación en las obras, y en el peor, el peso y la influencia de contratistas oportunistas. En lo que se refiere a los dos últimos años, y al amparo de las autorizaciones de la Ley 1150, el Conpes ha aprobado renegociaciones para un total de 34 contratos entre 2008 y 2009. Los documentos Conpes correspondientes no presentan de manera suficiente la justificación y condiciones de dichas renegociaciones.

Si Colombia aspira a superar las limitaciones que hoy tiene en infraestructura y que están afectando seriamente la competitividad de las empresas nacionales, debe desarrollar un sistema serio de contratación. El que tenemos, definitivamente, no lo es.

POR FRANCISCO AZUERO
PROFESOR ASOCIADO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.