Independencia judicial: 15 años de la Constitución

La conmemoración de los 15 años de la Constitución ha coincidido con uno de los más cruciales debates sobre la configuración, función y legitimidad del poder judicial.

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agosto 07 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-07

Entre los diferentes significados que esto puede llegar a tener, quisiéramos resaltar uno no menos fundamental que el de percepción negativa que registran los medios de comunicación. Me refiero al cuestionamiento por la realización, sustitución o modificación del modelo político imperante que estas controversias siempre conlleva. El que por momentos pareciera estarse discutiendo sobre algo menos trascendental, es determinado porque el modelo político implicado pierde el carácter de referente. Esto explicaría, además, el recurso a fórmulas de tipo organizacional (redistribución o establecimiento de nuevas competencias y procedimientos). Estas posturas trascienden la explicación del problema, y asumen como deber la formulación de soluciones en relación con lo que se cree conflictivo o disfuncional. En esta línea se inscribe la propuesta de consenso entre las Cortes que promueve el Presidente de la República. Todo esto está muy bien. Se confirma la vigencia del modelo de Estado en claves muy importantes: la responsabilidad de todos los poderes en la realización del proyecto constitucional; la cooperación armónica, etc., aunque una de las más fuertemente concernidas, la independencia del poder judicial, no se constata. En efecto, la controversia por la tutela contra sentencias aparece referida a la configuración del sistema (el carácter de órgano límite de la Corte Suprema haría que sus decisiones no pudieran revisarse por esta vía). La de los efectos económicos de algunos fallos de constitucionalidad y la limitación de su alcance, focalizada en el juego de intereses empeñados en que las sentencias no se inmiscuyan en este tipo de asuntos. Y la referente al ejercicio de funciones electorales, que, de acuerdo con cierta opinión generalizada, ha dado lugar a la ‘politización’ y ‘clientelización’ del poder judicial, no ha contado con aclaración o postura alguna de parte de los organismos implicados. La discusión, como se ve, precisa de una reconducción por la Judicatura. Debe haber en ella una más activa participación, empezando por el establecimiento del estándar en la realización del poder judicial constituido. El consenso entre Cortes que persigue el Gobierno es sano, y en él se debe insistir, pero a partir de que el propio poder judicial lo lidere, en cuanto, por definición constitucional, a él compete la integración del órgano y la efectividad de los principios y valores que lo han de regir. Es esta la más alta expresión del principio de independencia del poder judicial, que, en una de sus más significativas aplicaciones, hace que el Estado todo se identifique como ‘Judicialista’, del mismo modo que en otras épocas pudo ser ‘Parlamentista’ o ‘Presidencialista’. Un entendimiento distinto implica el riesgo de que el poder judicial quede abierto a la libre configuración por los otros poderes, y la independencia, anhelo en cuyo logro, además, se dota de iniciativa constituyente y legislativa a las Cortes, termine siendo preocupantemente desconocida. *Columna de la Fundación Buen Gobierno . "El consenso entre Cortes que persigue el Gobierno es sano, y en él se debe insistir...". Fernando Arboleda Ripoll* Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

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