Los indígenas y el Gobierno

Algunos círculos juzgan con severidad las marchas y oposición ‘monotemática’ de los indígenas al Gobierno del presidente Uribe por cuenta presunta del Tratado de Libre Comercio y el ‘efecto Evo’. En realidad, es compleja la problemática de las relaciones entre indígenas y Gobierno, y median razones objetivas de conflicto entre unos y otros: fumigaciones del Plan Colombia; dificultad de conciliar la lucha contra la guerrilla bajo la Política de Seguridad Democrática, y la ‘neutralidad’ a la cual aspiran comunidades ansiosas de permanecer al margen del enfrentamiento; conflictos de tierras entre indígenas y colonos, ampliación de la ‘frontera indígena’, diferencias de percepción y fondo sobre el TLC.

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mayo 31 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-31

El Gobierno tiene argumentos. Las fumigaciones del Plan Colombia procuran evitar las reservas indígenas y parques naturales. Todo Estado democrático actúa como única autoridad legítima frente a la insurgencia. Los derechos indígenas no deben ir en desmedro de la población campesina, afro y mestiza que a menudo los rodea. Con una cuarta parte de su territorio ‘interior’ (1,1 millón de km2) organizada en resguardos (270.000 km2) para menos del 2 por ciento de la población, Colombia ostenta una suerte de récord mundial en la materia. Fueron correctas las bases técnicas defendidas por Colombia, Ecuador y Perú en el TLC sobre biodiversidad, recursos genéticos y conocimiento tradicional: respeto a la soberanía y normativa nacional y andina, incluido el ‘consentimiento informado’; rechazo a la biopiratería; repartición de beneficios. Al tiempo, no hay consenso científico sobre la focalización de los efectos de la fumigación en el espacio ni, menos, en una sola especie (la planta de coca), con exclusión de otras, incluida la humana. En tierras tradicionalmente descuidadas por el Estado, la guerrilla muchas veces llenó el vacío y se estableció como única autoridad efectiva. Por ello, la -legítima- labor de recuperación del territorio coloca muchas comunidades entre la espada y la pared. En este contexto, ojalá temporal, el ansia de ‘neutralidad’ choca con la legitimidad republicana pero es tan entendible como respetable. La presencia en los resguardos de grupos violentos -guerrilleros, paramilitares, narcos- ha reducido el espacio indígena. Para muchos indígenas, Conquista y Colonia trajeron consigo un despojo masivo de sus derechos a la tierra, la cultura y la vida. Cualquier restitución de tierras no es más que eso y se queda corta frente a una reparación ‘integral’. La posición técnica de los tres países andinos en el TLC no se erigió en prioridad estratégica de la negociación ni tampoco se divulgó en forma efectiva. Además, la vulneran algunas concesiones, como la patentabilidad de plantas a partir del 2008, por cuenta de nuestra adhesión pactada a Upov 91. La percepción cobra tanta importancia como el fondo y la hostilidad percibida del Gobierno a las manifestaciones indígenas no lo favorece. En un país en donde la opinión pública es proindígena -y, cuando eran candidatos, Antanas Mockus y el alcalde Sergio Fajardo hicieron campaña con movimientos ‘indigenistas’, y Carlos Gaviria buscó y recibió la adhesión de numerosos Cabildos -resulta inexplicable el empeño del Gobierno en prohibir o desalentar las marchas indígenas a Cali (sept./04), Pereira (oct./05), etc. Si del TLC se trata, resalta la falta de ‘Agenda Interna Indígena’, incluida la ausencia de iniciativa para registrar el conocimiento tradicional y reglamentar el acceso a éste y a nuestra biodiversidad. La desmovilización de los ‘paras’ y su salida esperada de muchos resguardos ayudará a restituir el ‘espacio indígena’. Lo propio puede resultar de ciertos éxitos del Plan Patriota frente a la guerrilla. Con todo, harán falta muchas más ‘buenas noticias’ como éstas para empezar a cambiar la percepción indígena con relación al Presidente y a su Gobierno. Consultor internacional "Los derechos indígenas no deben ir en desmedro de la población campesina, afro y mestiza que a menudo los rodea”.

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