Si la inequidad educativa no se convierte en un punto central de la agenda de políticas públicas, en toda la región se seguirán desperdiciando recursos y los pobres seguirán condenados a menos oportunidades.
Mientras avanzan los calendarios electorales en varios países de América Latina, los candidatos a distintas corporaciones incluyen en su menú ideológico una serie de propuestas con relación a la educación. Por lo general, el discurso se concentra en conceptos tradicionales de cobertura y calidad, con los cuales se sustenta la expansión de la infraestructura y los cuerpos docentes.
Frente a estos dos elementos esenciales no hay controversia, los dos hacen parte de la mayoría de los ordenamientos constitucionales de Latinoamérica, y son pilares estructurales de cualquier estrategia pedagógica nacional. Más allá de estos dos objetivos, la equidad educativa no se encuentra con facilidad en los planes de gobierno ni en las agendas programáticas de los partidos que pueden llegar al poder, en una región con una preocupante brecha social.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, adelantado por Jesús Duarte, María Soledad Bos y Martín Moreno, bajo el título 'Equidad y calidad de la educación básica en América Latina', pone el dedo en la llaga frente a un tema al que poco tiempo le dedican los candidatos. Entre las conclusiones más preocupantes de este trabajo vale resaltar que los estudiantes latinoamericanos se enfrentan a oportunidades de aprendizaje desiguales, debido a la inequidad socioeconómica con las que ingresan al sistema escolar, la cual se acentúa por cuenta de las escuelas a las que asisten los estudiantes de escasos recursos.
Esta afirmación lapidaria se sustenta en que se ha observado una significativa relación entre el desempeño académico de los estudiantes, medido en pruebas escolares, con sus condiciones económicas. Según el análisis, las condiciones sociales de los alumnos explican un 15 por ciento de los rendimientos en las pruebas escolares, y lo que es peor, sólo el 10 por ciento de los segmentos más pobres de la población escolar de primaria, han adquirido favorablemente los conocimientos esperados por las autoridades sectoriales.
Otro elemento que prende luces de alerta tiene que ver con las escuelas. Cerca del 42 por ciento del comportamiento en las pruebas académicas están vinculadas a los planteles donde asisten los estudiantes, y la mitad de ese desempeño académico, corresponde con las características socioeconómicas de los niños.
En pocas palabras, la calidad de las escuelas a las que acuden los estudiantes más pobres acentúa la desigualdad de oportunidades, contrario a lo que se predica desde los púlpitos políticos.
¿Cómo se puede hacer frente a este problema? Algunas medidas tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas y el nivel de los maestros que atienden a la población más vulnerable. Redefinir los incentivos de incorporación y ascenso en la carrera docente, garantizando la despolitización, es esencial para atraer más y mejor capital humano.
La adecuada remuneración de los maestros, junto con una agenda de continua capacitación y evaluación de los mismos, y la debida asignación entre las escuelas donde se evidencia mayor inequidad en el aprendizaje debe ser una medida urgente. Igualmente, se debe arrancar por corregir el problema desde la educación primaria, pues es allí donde una vez se consolida la desigualdad educativa se hace más difícil corregir, al mismo tiempo que afecta el comportamiento académico futuro.
Si la inequidad educativa no se convierte en un punto central de la agenda de políticas públicas, en toda la región se seguirán desperdiciando recursos y los pobres seguirán condenados a menos oportunidades.