Ellos habían venido recibido sus quincenas sagradamente, a pesar de no poder cumplir con su trabajo por el bloqueo que sufren los ingenios, pero desde este sábado la compañía responderá solo por su seguridad social.
Desde el 15 de septiembre, cuando los 10.000 corteros de ocho ingenios de la región cesaron sus actividades y cortaron el acceso a los ingenios, en esta planta se han dejado de moler 10.000 toneladas diarias de caña y se han dejado de producir 250.000 litros diarios de etanol.
Los otros tres casos
Lo mismo había pasado en Mayagüez, el quinto productor (10,4 por ciento del total). En este caso, la suspensión compromete a 900 trabajadores directos.
"La suspensión de los contratos se da para garantizar la permanencia de la empresa en el tiempo. Hemos tenido que endeudarnos porque no ha entrado un solo peso", argumentó el gerente del ingenio, Mauricio Iragorri.
Mayagüez ha dejado de producir 350.000 quintales de azúcar (100 kilos) y 4,5 millones de litros de etanol mensuales. Para poder honrar los compromisos laborales y las obligaciones con los proveedores, se ha endeudado en 5.500 millones de pesos.
En Pichichí también está vigente la medida de suspensión de los contratos temporales para 600 empleados desde hace 15 días y en el María Luisa 334, las vacaciones anticipadas para todos sus empleados ya terminaron y también empezó a regir la suspensión de contratos de forma temporal.
Cabe recordar que uno de los motivos del paro es el sistema de contratación. Los corteros quieren que los ingenios los vinculen directamente y no a través de cooperativas, como sucede en la actualidad. En un principio insistían en negociar en bloque, pero luego cedieron y acordaron que cada grupo lo hiciera con su respectivo patrono.
Los 240 corteros de Central Tumaco, uno de los ingenios más pequeños, ya arreglaron. El lunes, la empresa volvió a prender sus calderas.
Sin embargo, el punto de la contratación directa no fue contemplado en el trato, que contó con la mediación del obispo de Palmira, Abraham Escudero, y cuyo eje es un aumento de 1.250 pesos en el pago de la tonelada de caña cortada, que los ingenios pagan hoy a un promedio de 5.743 pesos.
Para Daniel Aguirre, vocero de los trabajadores, se trató de una encerrona, pues no estuvieron presentes ni los abogados que los asesoran ni representantes de la CUT.
En estos momentos los únicos ingenios que cuentan con una mesa de diálogo son Providencia, Incauca y Pichichí.
Se trata de un recurso contemplado en la Ley 50 de 1990
El artículo 4 de la Ley 50 de 1990 contempla siete causales para la suspensión temporal del contrato de trabajo, siempre y cuando se cuente con el visto bueno del Ministerio de la Protección Social.
La norma permite la suspensión hasta por 120 días por un caso fortuito o una causal de fuerza mayor que impida la ejecución del contrato.
Sin embargo, el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere al salario por prestación de servicios, señala que "durante la época de vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir salario aun cuando no haya prestación de servicio por disposición o culpa del patrono".
Los ingenios tramitaron los permisos ante la regional del Ministerio de la Protección Social en Cali, que remitió las solicitudes a la regional de Palmira, desde donde se enviaron inspectores para constatar la fuerza mayor.
Pero será, en últimas, un juez de la República quien determinará si esa fuerza mayor se dio o no, en caso de que algún empleado decida demandar.