Inmigrantes, por más educación en E.U.

Cuando empezó la secundaria, el inglés de Matías Bernal era tan limitado que vacilaba antes de nombrar los números y los colores. Cuatro años después, estaba en la lista de espera para Princeton.(VER GRAFICO)

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agosto 17 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-17

Pero Bernal es un inmigrante ilegal de la Ciudad de México. Sin acceso a la ayuda financiera, subvenciones y la mayoría de las becas tuvo que dejar de lado los folletos de las universidades más prestigiosas y prepararse para asistir a la Universidad Estatal de California en Fresno, donde puede vivir con su familia y pagar la matrícula con dinero de empleos que no se supone deba ejercer. “Fue lapidario”, comentó decepcionado. Unos 65.000 inmigrantes indocumentados se gradúan todos los años en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Mientras el debate inmigratorio sigue estancado en Washington, muchos estados han tomado la situación en sus manos. Varias legislaturas desde Arizona hasta Wyoming han aprobado este año 56 leyes que afectan a los inmigrantes: en su mayoría son represivas para ellos, pero el acceso a la educación superior parece ser un rubro en el que los inmigrantes han logrado progresos. Nebraska acaba de sumarse a otros nueve estados, incluyendo California, Texas, Nueva York e Illinois, que permiten a los estudiantes indocumentados pagar matrículas de residente en sus instituciones públicas. Aunque hay estados con poblaciones inmigrantes numerosas, como Florida, que han visto fracasar leyes similares, la mayoría de los estudiantes indocumentados en Estados Unidos ya puede contar con abonar la misma matrícula que sus compañeros de clase que son ciudadanos. Legisladores californianos están buscando dar el próximo paso y sumarse a Texas y otros estados que permiten a los estudiantes indocumentados solicitar ayuda financiera del estado para asistir a escuelas californianas. “La inmigración es una cuestión federal, pero los estados sienten las consecuencias cuando las autoridades federales no actúan” dijo el senador estatal californiano Gil Cedillo, que ha patrocinado el proyecto de ley en su estado. “Los estados tienen el derecho y el deber de actuar en su propio interés”. Esta serie de resoluciones estatales es mejor que nada, dicen sus partidarios, pero deja muchos resquicios, ya que ayuda a algunos estudiantes y margina a otros en estados vecinos que podrían lograr el mismo éxito de poder solventar los gastos de la universidad. Hace cinco años, legisladores federales introdujeron por primera vez una medida que habría llenado los resquicios. El proyecto llamado ‘Dream Act’ buscaba permitir que los inmigrantes ilegales que se graduasen de las escuelas secundarias de Estados Unidos obtuvieran la residencia temporal, con derecho a pagar matrícula de residente estatal y a recibir ayuda financiera, siempre que siguieran la educación superior. De cumplir dicho requisito y no meterse en dificultades, podían llegar a ser residentes legales. Nunca se debatió el proyecto. Aunque ha sido vuelto a presentar cada año desde entonces, siempre ha quedado estancado por la politizada retórica sobre inmigración en el Congreso, dijo la legisladora Lincoln Díaz Balart, republicana de la Florida y uno de los patrocinadores del proyecto. “Quedó atascado en el debate general sobre inmigración”, dijo Díaz Balart. “Es lamentable: ésta es una cuestión de justicia para gente trabajadora y estudiosa”. AP NO SOLO ES CUESTION DE APOYO, SINO DE PLATA Aunque las medidas que facilitan la educación suelen recibir apoyo bipartidista, toda decisión para mejorar la situación de los ilegales es controversial. Algunas universidades, incluyendo el sistema de la Universidad de California, han apoyado las medidas para la legalización, diciendo que quieren los mejores estudiantes posibles, sea cual fuere su situación inmigratoria. “El acceso no es sólo ser admitido en la universidad”, dice Ricardo Vázquez, vocero de la universidad. “Es ser capaz de solventar los gastos de asistir a ella”.

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