'Instituciones y competitividad'

La Consejería para la Competitividad debe limitarse a garantizar el eficaz funcionamiento del sistema para que el Consejo Nacional de Competitividad, esté en capacidad de garantizar la debida...

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abril 26 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-26

Con este nombre, el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario presentaron un informe, que más que sacar conclusiones sobre tan interesante tema permiten formular una serie de reflexiones e inquietudes para su perfeccionamiento, las cuales puedan servir de recomendaciones al próximo Gobierno.

En primer término, debe quedar claro que la competitividad es un concepto sistémico que abarca los aspectos macro, micro, mesa y meta de la sociedad, y que comprende acciones de tipo horizontal y vertical, cuya responsabilidad corresponde a diferentes actores, tanto en el sector público, como en el privado.

Partiendo de lo anterior, la estrategia que se formule debe contar con un marco institucional adecuado y estar orientada por una autoridad política indiscutible con el fin de colocar a la competitividad en el vértice de las políticas públicas, asegurar su cumplimiento por las autoridades ejecutoras y garantizar la mayor coordinación de las mismas.

En el caso colombiano, si bien se creó en el 2006 el Sistema Nacional de Competitividad (SNC), éste es bastante defectuoso, porque no precisa claramente las competencias de las autoridades que lo componen, confunde las actividades de definición de políticas con las de ejecución de las mismas e incluye entidades como la Asamblea Nacional de Competitividad y el Comité Ejecutivo, que no tienen un claro respaldo legal.

La Consejería para la Competitividad debe limitarse a garantizar el eficaz funcionamiento del Sistema para que el Consejo Nacional de Competitividad, dirigido por el Presidente de la República, este en capacidad de garantizar la debida coordinación entre las entidades públicas y privadas y para verificar que las recomendaciones que se tomen se cumplan.

Deben precisarse más las funciones de la Consejería y el Departamento Nacional de Planeación, los cuales no deberían tener funciones ejecutoras, que deben quedar a cargo de los Ministerios sectoriales.

El Programa de Transformación Productiva del Ministerio Comercio -que es una de las principales realizaciones que deja la administración Uribe en materia de competitividad- tiene hoy un espacio muy reducido dentro del SNC y carece de los recursos financieros que permitan su consolidación y profundización en el tiempo.

Otra falla grave del sistema es que la competitividad no puede ir al margen de la conectividad y la innovación y no existe una adecuada coordinación con el Plan Nacional de las Tecnologías y las Comunicaciones (Plantic) y con el Ministerio del ramo, en el primer caso, ni con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y con Colciencias, en el segundo caso.

Finalmente, dentro de los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en la Constitución Política de 1991, los cuales desafortunadamente no se han desarrollado adecuadamente por la falta de la expedición de la ley de ordenamiento territorial, los temas de la competitividad regional deberían quedar a cargo de estas entidades.

Es muy poco lo que el Gobierno Central puede hacer en los 32 Consejos Regionales de Competitividad que se han creado, diferente al otorgamiento de recursos del presupuesto nacional, para lo cual existen otros canales institucionales, como es el Departamento Nacional de Planeación.

Se bebería darle más autonomía a los Departamentos con la creación de las Regiones para la Planificación, previstas en la Constitución Política, y cederles con este propósito dos puntos del IVA.

emece1960@yahoo.com

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