Muchos intereses ocultos...

Según estudios de la Universidad de Antioquia, el 60 por ciento de los recobros de las EPS corresponden a medicamentos y tratamientos incluidos en el POS.

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enero 31 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-31

A la historia que nos han contado sobre la Emergencia Social le hacen falta datos acerca de quienes llevaron al Gobierno a declararla, que son los mismos que hoy andan desacreditando las reformas para proteger sus intereses, ganar algunos aplausos o simplemente conservar intacto su negocio.

La oposición hirsuta en contra de la Emergencia Social no es, por tanto, un asunto de altruismo y conveniencia nacional, sino de intereses particulares que se presentan como opiniones técnicas que confunden y desvían el debate central. Habrá que recordar que el sector salud en Colombia ha tenido un espectacular crecimiento del 23% a lo largo de los últimos seis años, y que mueve cerca de 22 billones de pesos.

¿Qué modelo de salud podría mantenerse en pie cuando algunas EPS se han dedicado a desfalcar sistemáticamente a la nación? Según estudios elaborados por la Universidad de Antioquia, el 60% de los recobros de las EPS corresponden a medicamentos y tratamientos incluidos en el POS, lo que quiere decir que no existe una causa legítima para que le pidan esos dineros al Estado colombiano.

La Defensoría del Pueblo es menos dura, pero habla del 53% de recobros indebidos. En su causa denigrante, ciertas EPS han contado con la participación de algunos 'jueces - ordenadores de gasto público' que convalidan el inacabable escape de los recursos públicos.

¿Cómo no declarar una Emergencia Social, cuando por todos los recobros, legales e ilegales, el Estado tuvo que pagar en el 2008 la suma de 1 billón, 100 mil millones de pesos, y en el 2009, 1 billón, 800 mil millones?

¡Qué decir de nuestros flamantes magistrados constitucionales! Ningún país desarrollado del mundo ha establecido -menos por la vía jurisprudencial- una cobertura ilimitada, la universalización inmediata de la salud y la equiparación de los regímenes subsidiado y contributivo, como en Colombia lo hizo la Corte Constitucional.

En su momento, políticos de oposición aplaudieron entusiastas las medidas. Hoy, esos mismos dirigentes tildan al Gobierno de soñador,porque con los decretos intenta cumplirle a la Corte sus requerimientos populistas e irresponsables. ¿Quién los entiende?
No está bien tampoco que los cerveceros, chanceros y tabacaleros se rasguen las vestiduras y salgan ahora a declararse 'en quiebra' por el incremento de los tributos a los productos que fabrican.

El aumento de esos impuestos es perfectamente legítimo y usual en naciones de primer mundo en cuanto gravan actividades que producen externalidades negativas sobre la salud. Lo que no está bien, sin embargo, es que se recurra a sucias estrategias de presión que lleven a la confusión y el desespero colectivo.

Hoy sabemos que los traslados de plantas y despidos que Bavaria alcanzó a anunciar, para chantajear al Gobierno Nacional, se habían planeado antes de los decretos de la Emergencia Social, queriendo hacer creer ahora que la culpa de esas decisiones es del Ejecutivo.

Cada sector tiene derecho a oponerse, pero deberían hacerlo con franqueza y sin máscaras. Ojalá las opiniones de asociaciones médicas y científicas que se reputan independientes no estén siendo alimentadas con el dinero de los sectores anteriormente mencionados que, digámoslo francamente, también han sido culpables del desbarajuste al que nos enfrentamos hoy.

jmam@columnist.com

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