La intervención del precio de los servicios financieros

La intervención del precio de los servicios financieros

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diciembre 22 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-12-22

En un sistema de libre competencia como el que estableció nuestra Constitución, los precios de los productos y servicios los debe establecer cada empresario. Pero esa decisión no es caprichosa. El empresario tiene que adoptar decisiones de precio conforme a las circunstancias del mercado. Bajo este esquema, cada oferente es libre de emprender sus iniciativas empresariales para optimizar sus recursos e inversiones, pero sujeto a la disciplina de la eficiencia que le imponen los demás oferentes y consumidores. Excepcionalmente, según la Constitución, el Gobierno Nacional puede intervenir en la determinación del precio de un producto. Así lo reconoció la Ley 1430 de 2010, según la cual el Gobierno puede intervenir los precios de los servicios financieros en los casos de ausencia de competencia efectiva, como sucede cuando estamos frente a monopolios naturales. En otras palabras, las autoridades de regulación deben aplicar el principio básico que establece "la competencia donde se pueda y el control de precios donde no es posible la competencia". Este principio de la no intervención de los precios salvo en ausencia de competencia efectiva, es absolutamente claro bajo el Artículo 62 de la Ley 1430 del 2010. Según esa norma, el Gobierno Nacional puede intervenir las tarifas o precios de los servicios financieros. Pero para ello deberá previamente establecer "la no existencia de suficiente competencia en el mercado relevante correspondiente". Y es lógico que sea así, ya que si estamos frente a mercados competitivos, el precio de los productos o servicios los debe fijar el mercado, no el regulador. Así las cosas, cuando las autoridades de regulación, como el Ministerio de Hacienda, consideran necesario intervenir los precios, se ven abocadas a la dificultad de decidir si el mercado de un determinado producto o servicio es realmente competitivo y el área geográfica donde se presenta tal situación. La Ley 1430 de 2010 establece que esa es la condición esencial para determinar la necesidad de regular y/o fijar el precio o el techo de la tarifa de un bien o servicio. Ahora bien, si hay suficiente sustituibilidad frente a un producto o servicio, no tiene sentido alguno regular por productos y/o servicios, cuando la sustitubilidad evidencia existencia de competencia efectiva en el respectivo mercado y, por ende, la no necesidad de regulación y de intervención en los precios. Esa regulación por producto o servicio puede conllevar un escenario en el que los dos o más productos o servicios que compiten entre sí queden sujetos a reglas diferentes. Ello generaría una asimetría en la regulación, lo que podría implicar la creación de barreras artificiales a la competencia, generándose un efecto contrario al que se quiere con la regulación. En los mercados de servicios, como lo es el sector financiero, donde existe la tendencia a la sustitución de servicios, el análisis de los mercados relevantes y, por ende, la evaluación de la situación de competencia, debe ser efectuado periódicamente. De hecho, el Artículo 63 de la Ley 1430 de 2010 ordenó a la Superfinanciera hacer un seguimiento a la evolución de los precios en el sector financiero. Esa regla reconoce que la dinámica de los mercados puede implicar cambios que acentúen o reduzcan las condiciones de competencia. Así, por ejemplo, la entrada de nuevos bancos internacionales al mercado local que ha ocurrido recientemente parece ser una buena señal de más competencia, no de menor competencia. Las obligaciones ex ante que implica la regulación, dentro de las cuales puede estar fijar un techo al precio de un producto o servicio, sólo pueden ser impuestas en ausencia de competencia. Dentro de ese marco adoptado por la Ley 1430 de 2010, si como resultado de esas revisiones periódicas se llega a la conclusión de que un mercado regulado es realmente competitivo, debe proceder a la desregulación, eliminando las obligaciones impuestas con la regulación. Es decir, esa ley reconoce que es la dinámica de un mercado relevante la que sugiere en un momento dado la conveniencia de adoptar una regulación o desmontarla. Efectuadas las anteriores precisiones, no entendemos las recientes afirmaciones del Ministro de Hacienda, cuando sostuvo que el Gobierno Nacional, antes de que termine el año, le pondrá "un techo a los costos de los servicios financieros, especialmente a los que más se usan" por el alto costo de los servicios financieros. Compartimos el principio de que si los precios no reflejan las condiciones reales prevalecientes en un mercado competitivo, puede ser necesario regular. Pero fijar techo al precio de los servicios financieros sin haber determinado previamente los mercados relevantes en este sector y si en alguno de ellos hay ausencia de competencia efectiva, va en contravía de la Ley 1430 de 2010, así como de la política del Gobierno de ser parte de instituciones como la Ocde, que pregona buenas prácticas internacionales en materia de competencia. Los precios de los productos y servicios en economías como la nuestra que pregonan la libre competencia, reiteramos, deben ser fijados por el propio mercado, es decir, deben ser el resultado de la oferta y la demanda cuando tal competencia existe. Sólo cuando estamos en mercados en los cuales no existe competencia efectiva, tiene sentido la intervención de los precios. Por ello, corresponde al Ministerio de Hacienda, como lo hizo en su momento la Comisión de Regulación de Comunicaciones, determinar los mercados relevantes en ese sector. Sólo después de realizada esa tarea puede verificar si hay problemas de competencia efectiva en alguno de ellos. Si tales problemas existen, será necesario determinar la causa de esa falta de competencia efectiva y el remedio adecuado para ello, que puede ser la fijación de un techo al precio de los productos o servicios del mercado relevante carente de competencia efectiva, si no hay otro remedio más efectivo, pues esta medida ataca el efecto y no la causa del problema. En suma, la fijación de un techo al precio de los servicios financieros sin determinar previamente los mercados relevantes en este sector de la economía y la ausencia de competencia efectiva en algunos de ellos, es una medida que legalmente no es procedente. Es además, un remedio facilista, porque ataca el efecto y no la causa del problema. Como la regulación no puede ser indefinida, la verdadera tarea que tiene el Ministerio de Hacienda será propender con su regulación a que existan incentivos para la competencia efectiva de los bancos. Ello redundará en el mejoramiento de la eficiencia y el bienestar de los consumidores, que es lo que busca la defensa de la libre competencia.

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