Judith Faride o el TLC

El viernes de la semana pasada asesinaron en Santa Marta a Judith Faride Álvarez Hernández, funcionaria de la Fiscalía. La institución ha informado que ella trabajaba en la Sección de Análisis Criminalístico “manejando la variable de derechos humanos y justicia y paz”. Su trabajo consistía en investigar y combatir judicialmente a los paramilitares reciclados del Magdalena. Otro servidor de la Fiscalía, Jaime Ómar Colobón, había sido asesinado en septiembre en Cúcuta mientras hacía idénticas tareas con otras ‘bandas emergentes’.

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noviembre 21 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-21

Esta es la punta del témpano. Decenas de funcionarios de la Fiscalía han sido asesinados en los últimos diez años. Muchos más han sido vejados, amenazados, desterrados, separados a sangre y fuego de su trabajo. La lista de servidores del Estado víctimas de las organizaciones criminales (y de la violencia desorganizada) es inmensa. El daño infligido a la Rama Judicial del Poder Público es una herida profunda que solo podría sanar cuando la sociedad colombiana haya reconocido su fratricidio colectivo. Mantener viva esta memoria es un bote salvavidas. El problema es que la comunidad colombiana no da muestras de indignación alguna por crímenes como éstos (“se perdió la capacidad de asombro”, es la vieja fórmula ceremonial). Tampoco hay expresiones colectivas de temor frente a las grietas que se abren en el edificio institucional con cada crimen que se comete contra servidores públicos, armados y desarmados. La conciencia colombiana de lo colectivo, de lo público, de lo estatal, es sumamente leve. La gente está harta de la violencia como generadora de inseguridad física y patrimonial, pero a escala de la familia y de los amigos cercanos. Y no percibe de igual manera el daño que la violencia les causa a las instituciones, es decir a los factores que aseguran la supervivencia colectiva. Por su lúgubre y admirable oficio, por su modesto lugar en la comunidad, quizás por su origen, Judith Faride no ha sido objeto de notas luctuosas, ni su asesinato ha sido visto en los medios como un atentado contra las instituciones. No es un magnicidio, ni su muerte ha sido la de una ‘prestante dama de la sociedad samaria’. Las crónicas hacen énfasis en su condición de madre cabeza de familia. Pero sus hijas y demás deudos no son las únicas víctimas del crimen de ‘esta mujer’, como la califica la crónica de EL TIEMPO. La agresión ha sido contra la sociedad entera. Significativamente, la Fiscalía se limita a relatar escuetamente las circunstancias del asesinato, y a anunciar que hay una bolsa de recompensa a informantes. Sombrío valor de cambio: veinte millones de pesos, más cuatro millones que aporta la Policía del Magdalena. Hay otra crónica que debe ser contada reiteradamente. La Fiscalía ha abierto 229 procesos relacionados con 445 homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública durante los últimos cinco años. Por otra parte, una Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales, apoyada por Naciones Unidas, ha hecho referencia a casi un millar de asesinatos cometidos en este mismo período por servidores públicos armados. Los incentivos ofrecidos por el Gobierno a los militares por la ‘bajas’ causadas a la guerrilla son factores importantes en esta tragedia institucional. El semanario El Espectador trae muy buena información sobre el tema en su último número. Pero los titulares -que usa son indignantes: para ese medio, los abusos cometidos con armas del Estado, que provocan indignación en muchos sectores de la llamada comunidad internacional, y que estremecen a los defensores de los derechos humanos, son simplemente ‘otro tormento’, ‘otro palo en la rueda’ de la aprobación del TLC con Estados Unidos. Así pues, la víctima de estos crímenes no es la sociedad colombiana, sino un acuerdo comercial con los gringos. Consultor privado Decenas de funcionarios de la Fiscalía han sido asesinados en los últimos diez años”.

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