Justicia nacional y Corte Penal Internacional

Para que constituya un verdadero sustento de las instituciones democráticas, la justicia penal debe ser aplicada en forma objetiva, oportuna y con un cubrimiento en su acción que alcance...

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abril 20 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-20

El Código Penal Colombiano establece la existencia de castigo, por una conducta calificada como delito, tanto en cabeza de sus 'autores', como del denominado 'partícipe', ya sean en su calidad de 'determinador' o en la de 'cómplice'. Igualmente, define al 'determinador' como la persona que 'determina a otro a realizar la conducta punitiva'. El verbo 'determinar' posee, entre otros, los siguientes sinónimos: provocar, ocasionar, causar, producir, promover, motivar, originar, suscitar.

Estos conceptos que son propios del argot judicial, han venido cobrando importancia en el panorama nacional, en virtud de las decisiones ya tomadas o por adoptar en diversos procesos judiciales que vienen cursando en diferentes instancias de la justicia colombiana (Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Jueces Penales), que por tocar asuntos de especial interés general, no pueden ser indiferentes a la opinión pública.

Uno de los fundamentos esenciales de un Estado de Derecho, lo constituye la justicia y, en especial, la justicia penal. Pero para que constituya un verdadero sustento de las instituciones democráticas, la justicia penal debe ser aplicada en forma objetiva, oportuna y, sobre todo, con un cubrimiento en su acción que alcance a la totalidad de las personas que, en una u otra forma, han intervenido en la violación de los derechos protegidos.

Los delitos no son otra cosa que conductas previstas en las leyes, para garantizar que no resulten violados o conculcados derechos individuales o colectivos, en razón a la finalidad del derecho de lograr un pacífico y normal funcionamiento de la sociedad y la coexistencia tranquila de sus miembros.

El suministro sin autorización legal de información reservada a autoridades no facultadas para conocerla, la violación del sagrado derecho a la intimidad personal, la interceptación ilegal de comunicaciones, el acceso ilegal en vivo y en directo a lo tratado en sesiones de altas autoridades judiciales, son todas conductas que no aportan nada a la tranquilidad y a la seguridad de nuestra vida nacional, por el contrario, generan no sólo zozobra y angustia, sino que ubican a los colombianos en un contexto que no corresponde a un Estado de Derecho, sino que se acerca más a una censurable dictadura.

En los últimos años, conductas delictivas ampliamente divulgadas en los medios de comunicación, con seguridad han movido las fibras más profundas de los ciudadanos, a pesar de sus diversas convicciones personales. La eliminación de vidas fuera de combate para hacerlas aparecer posteriormente como triunfos de una política de seguridad, es tal vez la gota que rebozó la copa. Y peor aún, a las decisiones adoptadas por algunos funcionarios judiciales al dejar en libertad a los sindicados como posibles autores directos de estos delitos atroces y de lesa humanidad, se suma la ausencia absoluta de vinculación a dichos procesos, de quienes intervinieron en estos delitos en calidad de 'determinador'.

Todo este concierto judicial suena a impunidad y esta palabra no es cosa distinta a la 'falta de castigo', según la define el diccionario. No sólo los familiares de las víctimas, sino la generalidad de los colombianos de bien, hacen votos por la vigencia de la legalidad y la formalidad en Colombia y esperan que la justicia colombiana no deje libre el espacio para que ingrese la justicia subsidiaria de la Corte Penal Internacional a aplicar la espada implacable del castigo merecido por todos los responsables de estas acciones.

Si esto llegare a ocurrir, sería triste para los colombianos encontrarnos con este elemento más de desprestigio internacional. gcotep@yahoo.com