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La debilidad de la Regla Fiscal

Este mecanismo debe ajustarse a la coyuntura y no ser un instrumento de política fiscal que se define discrecionalmente.

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mayo 01 de 2017
2017-05-01 10:07 p.m.
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Nos preocupa que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) haya ampliado el nivel de déficit fiscal exigido para 2017 de 3,3% a 3,6% del PIB. Esta decisión es positiva para el crecimiento de la economía en el corto plazo, pero afecta aún más la credibilidad de la Regla Fiscal, la cual se ha deteriorado debido a que el espectacular desplome del precio del petróleo ha distorsionado sus exigencias y la ha tornado inusualmente laxa, en nuestra opinión.

Hace un año el cálculo matemático de la Regla Fiscal estaba permitiendo un aumento del déficit fiscal por cuarto año consecutivo, a niveles de 4% del PIB en 2017. Ante esta situación y dado que era improbable que los precios del petróleo y la renta petrolera del Gobierno regresaran en el mediano plazo a los altos niveles que se registraban antes de 2015, el CCRF decidió suspender el cálculo matemático en 2017 y 2018, y exigió unos niveles de déficit más estrictos, de 3,3% y 2,7% del PIB, respectivamente. Estas cifras eran consistentes con una estabilización de la deuda pública en un nivel similar al de 2016.
Otro factor determinante fue que, en opinión del CCRF, la política fiscal debía contribuir a la reducción del déficit de la cuenta corriente, que se había ampliado peligrosamente a 6,4% del PIB en 2015 y que hace un año se estimaba que cerraría 2016 en 5,4% del PIB.

La decisión reciente del CCRF de ampliar el nivel de déficit fiscal exigido para este año a 3,6% del PIB se justificó en que se han reducido significativamente los riesgos que hace un año conllevaron a la fijación de un nivel más estricto para 2017, principalmente por la reducción más acelerada del déficit de la cuenta corriente a 4,4% del PIB en 2016.

Aunque esta decisión tiene sentido desde un punto de vista de política, pues contribuye a evitar una mayor desaceleración de la economía, creemos que pone aún más en riesgo la credibilidad de la Regla Fiscal. En nuestra opinión, este mecanismo debe operar, en lo posible, como una regla con componentes que se ajustan automáticamente a la coyuntura (por eso se llama así) y no como un instrumento de política fiscal que se define discrecionalmente según la coyuntura.

Uno de los factores que durante 2016 contribuyó a que los mercados financieros y las calificadoras de riesgo dieran a Colombia el beneficio de la duda sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas, a pesar del fuerte deterioro desde 2014, fue precisamente la expectativa de que el déficit fiscal se reduciría de 4% del PIB en 2016 a 3,3% en 2017, en parte porque este nivel llevaba a que la deuda pública se estabilizara en el mismo nivel de 2016.

El haber aumentado el déficit exigido a 3,6% del PIB en 2017 no estabiliza los niveles de deuda pública este año, aunque es menos problemático para la evolución del déficit de la cuenta corriente. Ese aumento tampoco contribuye a corregir la laxitud que ha sufrido la Regla Fiscal en los últimos dos años debido a algunos problemas en su metodología original y que se han tratado de corregir en el tiempo.

Además, la función del CCRF no es la de realizar cambios a las exigencias de déficit fiscal para contribuir con la reactivación de la economía en el corto plazo, sino la de pronunciarse en los siguientes temas sobre la Regla Fiscal: i) la metodología y definición de parámetros básicos requeridos para su operación; ii) las propuestas que formule el Gobierno sobre cambios metodológicos; iii) el informe de cumplimiento al Congreso; y iv) su suspensión temporal durante eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país.

Con respecto al último tema, no es claro que la decisión de hace un año del CCRF se considere una “suspensión temporal” de la Regla Fiscal, pues lo que se suspendió fue el cálculo matemático del déficit exigido, mas no su aplicación. Sin embargo, creemos que las razones detrás de esa decisión sí la justificaban porque estaban dirigidas a preservar la estabilidad macroeconómica de mediano plazo, que es lo que se le autoriza al CCRF cuando decide suspender temporalmente la aplicación de la Regla Fiscal.

Permitir una senda creciente de la deuda pública podría conllevar a una crisis fiscal y sostener un amplio déficit de la cuenta corriente por mucho tiempo podía conllevar a una crisis cambiaria. Cualquiera de las anteriores podía ser la receta perfecta para una crisis económica con consecuencias negativas en el corto y mediano plazo.

No obstante, una vez se fijó un nivel de déficit fiscal exigido de 3,3% del PIB para 2017, creemos que se debió haber mantenido, en favor de la credibilidad de la Regla Fiscal y del CCRF, de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la estabilidad macroeconómica de mediano plazo, aunque esa decisión estuviera en detrimento del crecimiento económico en el corto plazo.

Un ejemplo de decisiones que favorecen la credibilidad y la estabilidad macroeconómica, en detrimento del crecimiento de corto plazo, son las que tomó el Banco de la República en los últimos dos años. El aumento de las tasas de interés en 2015 y 2016 buscaba reducir la inflación y sus expectativas hacia la meta de largo plazo y contribuir a una disminución ordenada del déficit de la cuenta corriente (estabilidad y credibilidad), pero esto acentuó la desaceleración económica.

No anticipamos que la decisión del CCRF afecte la calificación crediticia de Colombia, pues la magnitud de la ampliación del déficit fiscal exigido para 2017 y 2018 es relativamente moderada (0,3% del PIB), además de que la aprobación de la reforma tributaria y la rápida disminución del déficit de la cuenta corriente son factores crediticios positivos de mayor peso. No obstante, sí creemos que esta decisión empaña parcialmente el progreso crediticio de estos dos factores y retrasará levemente una mejora en la calificación de Colombia en los próximos años.

Andrés Pardo Amézquita
Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana

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