Lanzan al mercado certificado en buenas prácticas laborales

Icontec y Godoy Córdoba Abogados diseñan certificación de calidad para empresas.

Lanzan al mercado certificado en buenas prácticas laborales

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Lanzan al mercado certificado en buenas prácticas laborales

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diciembre 13 de 2013 - 02:16 a.m.
2013-12-13

Un nuevo certificado de calidad en buenas prácticas laborales entra al mercado colombiano para complementar la oferta local, en la que ya existen sellos de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, y protección al medioambiente.

Icontec y la firma de abogados Godoy Córdoba lanzaron ayer el certificado BPL, Buenas Prácticas Laborales, que evalúa dentro de las organizaciones el cumplimiento en las normas de contratación, salarios, prestaciones sociales, jornadas laborales, derechos sindicales, seguridad, equidad salarial y aportes parafiscales, entre otros.

“Hay un doble impacto de estos certificados: por un lado, es como el que se hace un examen médico anual para estar seguro de que su salud está bien o si hay fallas cómo atacarlas a tiempo, es una especie de autoexamen que les da confianza a las empresas para salir a ofrecer sus servicios. Pero, desde otro punto de vista, los que contratan los servicios de las empresas proveedoras van a tener un insumo que les da tranquilidad para trabajar con ellas”, señaló Carlos Hernán Godoy Fajardo, socio fundador y director de la unidad laboral de la firma.

El certificado evalúa 140 ítems de chequeo que califican desde las obligaciones legales que tienen todas las empresas en el país, hasta los beneficios extralegales que ofrecen las compañías a sus colaboradores.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo, esta entidad hace seguimiento, en promedio, a 2.000 empresas en el territorio nacional.

“Lo que sentimos es que desde el sector privado estamos brindando una herramienta para facilitarle al propio Estado su labor de inspección, al entregarle empresas certificadas”, expresó el abogado.

En el 2012, el Ministerio de Trabajo impuso 4.300 sanciones por violación a normas laborales, que costaron a las empresas 45.000 millones de pesos.

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