‘Ley antimonopolio cambiaría modelo económico del país’

Aplazan discusión del proyecto que busca balancear mercado de comunicaciones móviles.

La idea del proyecto es regular el mercado de las telecomunicaciones en el país.

Archivo Portafolio.co

La idea del proyecto es regular el mercado de las telecomunicaciones en el país.

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abril 18 de 2013 - 11:55 a.m.
2013-04-18

En medio de una gran afluencia de público e interesados, la sala de la Comisión Sexta del Senado decidió aplazar el primer debate del llamado proyecto de ley antimonopolio hasta tanto no se socialice los artículos que le componen con expertos del mercado.

Dicho articulado busca intervenir el mercado de las comunicaciones móviles en el país creando topes máximos del 30 por ciento en la participación de las empresas, es decir, que ninguna compañía podría tener una cantidad de clientes que supere tal porcentaje del total de usuarios de celulares en Colombia.

Sin embargo, antes de votar el aplazamiento, los senadores expresaron de forma breve sus posiciones frente al proyecto de ley, mostrando una evidente división en el recinto.

Jorge Hernando Pedraza, del Partido Conservador, señaló que el proyecto de ley antimonopolio “cambiaría el modelo económico del país”, llevando esta misma discusión (de topes de participación de mercado) a sectores como “la banca, las cervecerías y las aerolíneas. Sería la ‘cooperativización’ de Colombia”, subrayó.

Su copartidario Juan Mario Laserna –creador del proyecto antimonopolio junto a Jorge Enrique Robledo– respondió que no se puede comparar un servicio público como la telefonía móvil, con otras industrias como las señaladas.

Y recalcó que “este es un proyecto puntual para el sector”.

Cabe señalar que en Colombia las empresas del sector de generación eléctrica funcionan bajo un esquema igual de tope de participación en el mercado del 25 por ciento.

El proyecto en discusión busca evitar que algún proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, directa o indirectamente, pueda tener una participación superior al 30 por ciento del mercado (clientes y cuentas), porción que, según el proyecto de ley, “se calculará con base en la sumatoria de los ingresos totales recibidos por la venta de servicios móviles de voz, datos y contenido y aplicaciones, reportados anualmente a la Superintendencia de Sociedades”.

Cualquier empresa que tenga una cuota de mercado superior a la establecida, tendrá un plazo de dos años para ajustarse a esta, los cuales se contarán a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Critican lobby

Alexander López, del Polo Democrático Alternativo, aseguró que el debate “se está contaminando por el gran lobby que algunas empresas están haciendo” en el Congreso, sobre un tema donde “los protagonistas no son las compañías sino los usuarios que tienen que padecer sus abusos”.

López, quien apoya el proyecto, también criticó al Ministerio de las TIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por no imponer mayores controles sobre el “duopolio que ejercen Claro y Movistar, con el 80 por ciento del mercado”.

Al mismo tiempo, instó a debatir la existencia de “otro duopolio en la televisión abierta nacional”, donde “solo dos canales se reparten toda la pauta publicitaria”.

Por su parte, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Duque, dijo que esta ley favorece a UNE EPM, pues pretende elevar el tope de espectro (que hoy es de 85 Megahercios) a 165 MHz, lo que beneficiaría la eventual fusión entre Tigo y la compañía paisa, pues sobrepasarían el tope máximo permitido hoy por la Ley, situación en la que se verían obligados a devolver una porción al Estado, o venderla.

Duque fue más allá y señaló a Millicom (multinacional dueña de Tigo) de adeudar una gran suma de dinero a EPM Telecomunicaciones y a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), sus socios en Tigo.

Dicha deuda proviene, según el senador, de un préstamo que los operadores colombianos le hicieron al poco tiempo de llegar al país.

A pesar de que aún no se ha presentado formalmente la ponencia del proyecto de ley que establece los mecanismos de la intervención del Estado para garantizar la competencia en la telefonía móvil, el debate comenzó.

Redacción Tecnología

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