Tanto el Gobierno Nacional como los locales le metieron el acelerador a la contratación estatal y, en solo 10 meses, la incrementaron en un 59 por ciento con respecto al total celebrado en el 2012.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), a corte de octubre, las entidades públicas establecieron 524.010 contratos, por la suma de 82,6 billones de pesos. El 40,9 por ciento, es decir, 33,8 billones de pesos, se hizo de forma directa.
Ese ritmo contrasta con la menor dinámica que se dio en el 2012, año en el que Secop registró 366.102 contratos, por 52 billones de pesos. De ese total, las instancias nacionales celebraron 72.539 contratos directos, por 13,1 billones. En las regiones también se hizo un abultado número de contratos directos (73.204), la cuantía fue de 3,6 billones de pesos.
En suma, 145.743 contratos, que corresponden al 39,8 por ciento, se hicieron sin la transparencia que garantizan los concursos, licitaciones y otras modalidades de contratación participativa.
La ley de garantías tiene mucho que ver en ese aumento. No solo porque a los entes territoriales les prohibieron –desde el 9 de noviembre– establecer convenios interadministrativos, sino porque desde hoy la Presidencia y Vicepresidencia de la República deben suspender la contratación directa, por la decisión del presidente Santos de aspirar a la reelección.
La norma de restricción sobre la contratación directa rige para las entidades del Estado cuatro meses antes de los comicios, pero, por tratarse de una reelección, el tiempo se extiende a seis meses, en el caso de las dos principales dependencias del Ejecutivo, si ambas van a la contienda electoral. Las demás entidades públicas podrán usar este tipo de contratación hasta el 25 de enero.
Para Ximena Duque, actual directora jurídica de la Contraloría de Bogotá, no es del todo malo que las entidades se hayan apresurado a contratar a diestra y siniestra.
“No se puede paralizar el país en materia de inversión y ejecución de recursos. Las entidades deben planear la ejecución sobre los tiempos en los que se aplica la restricción. Entidades como Fonade, que trabajan en un 98 por ciento con contratistas, y las nuevas agencias creadas por la reestructuración del Estado obligatoriamente tienen que acelerar, pero con una debida planeación”, afirma Duque.
La forma directa es la modalidad más utilizada por el sector público. Es usada, entre otras, para contratar personal, elegir a un único proveedor, establecer contratos de arrendamiento o adquisición de inmuebles, entre otras.
Según un informe de la Contraloría General, “esta tendencia va en ascenso y llega al 60 por ciento”.
