A diferencia de hace cuatro años, esta vez las entidades estatales no dejaron todo para última hora: la mayoría tomó las precauciones del caso y adelantó desde noviembre del año pasado la contratación de bienes y servicios que se debían hacer antes de que entren en vigencia las restricciones que contempla la Ley de Garantías.
Y es que hasta este viernes a las 12 de la noche se podrán adelantar las contrataciones directas que se requieran para adquirir diferentes servicios o se podrán crear los nuevos cargos que se necesiten en las diferentes entidades estatales, para que todo siga funcionando sin tropiezos por los siguientes cuatro meses en que habrá campaña electoral.
Un minuto después de la hora mencionada y hasta el 30 de mayo a las 11:59 de la noche, o dos meses más si hay segunda vuelta para la elección presidencial, operan los vetos que señala la Ley de Garantías como la suspensión de vinculación de personal a cargos nuevos. Se puede contratar personal en cargos ya creados y cuyos funcionarios renuncien, pidan licencia o mueran.
Otra restricción es la contratación directa y la realización de convenios interadministrativos: se podrán adelantar licitaciones públicas o procesos de selección abreviada, así como contratos que se relacionen con la defensa del Estado, los de crédito público o los relacionados con emergencias educativas, sanitarias o de desastres.
El Palacio de Nariño, con la firma del presidente Álvaro Uribe, expidió el pasado 13 de noviembre la Directiva Presidencial 11, que fija las instrucciones a seguir con relación a la jornada electoral y advirte sobre lo que se puede o no hacer.
De ahí que entre noviembre del año pasado y enero de este año, los diferentes despachos públicos adelantaron las respectivas contrataciones y crearon los nuevos cargos que necesitaban. Otros simplemente no hacen nada por contratación directa sino por licitación como los ministerios de Transporte, del Interior y la Cancillería.
Sin embargo, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por cuenta de la Ley de TIC de julio del 2009, hoy están corriendo para contratar el personal que se necesita para la nueva Agencia Nacional del Espectro.
Contraloría pide más personal
Esto, según Turbay, para poder fortalecer el control fiscal a las entidades que hacen parte del sector salud por los cambios introducidos a raíz de la Emergancia Social. El costo de tal solicitud lo estima la propia entidad en 21.900 millones de pesos.