Esa ley es mala

Para proteger a la sociedad de la acción de los criminales, el Congreso debe cambiar los procedimientos que la Ley 906 dispone, así como las penas estipuladas en la Ley 890 del mismo año.

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marzo 11 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-11

Distraída la opinión pública con la política y con la Emergencia Social, no se le está poniendo la atención debida al gran problema de seguridad ciudadana, generado, en buena medida, por la Ley 906 de 2004.

Dándole desarrollo jurídico a la colcha de retazos que es la Constitución del 91, siendo fiscal general de la Nación Juan Camilo Osorio presentó al Congreso un proyecto de ley para establecer un nuevo Código de Procedimiento Penal. Tras los trámites de rigor -y seguramente con la intromisión de muchos de los penalistas que se verían sujetos a él-, el Congreso emitió la Ley 906 de 2004, mediante la cual se estableció en Colombia lo que se llamó el Sistema Acusatorio Oral.

Por su complejidad, su aplicación fue gradual, entrando en vigencia en el Valle del Cauca apenas en enero de 2006. Es difícil pensar que alguna ley pudiera haber producido peores resultados. Según la Dijín - Policía Nacional, el hurto común se incrementó a nivel nacional en un 82 por ciento entre el 2004 y el 2008. El caso de Cali fue dramático.

El promedio mensual de hurtos en la zona metropolitana había sido de 363 en el 2005. En enero del 2006, el primer mes de vigencia de la Ley 906, se elevaron a 672, en febrero subieron a 977, y siguieron aumentando para promediar en el año 1.070. Desde entonces ha habido meses hasta de 1.400 denuncias, lo que, obviamente, no se debe a que súbitamente se hubiera cuadruplicado el número de criminales en la ciudad, sino a que el nuevo Código hace que los suelten rápidamente, para que puedan cometer más robos. Robos que con cada vez mayor frecuencia acompañan con actos violentos que pueden incluir hasta el asesinato.

Recientemente el coronel Héctor Pérez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestaba: "Todos los días capturamos, todos los días recuperamos objetos que han sido hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se presentan frente a los fiscales y jueces para que procesen a los responsables de los delitos. A diario hacemos la tarea con entrega y sacrificio". Y a diario, con igual regularidad, los jueces sueltan a los capturados.

En marzo del 2009, el Ministro de Interior y Justicia reveló que según un estudio presentado por la Unión Europea, coordinado por ese Ministerio, la Fiscalía y la Procuraduría, de cada cien casos de capturas en flagrancia, 70 no pudieron ser judicializados (en ese entonces, en Medellín el número era de 87).

La cifra nacional ya se ha elevado a un 80 por ciento, según sus declaraciones de hace unas semanas, al firmar el convenio para desarrollar el proyecto de 'Fortalecimiento de los Servicios de Justicia', el cual recibió una financiación de 62 millones de dólares del Banco Mundial y el BID, y que busca evitar que se frustre la captura de los delincuentes "por la aplicación antitécnica o la interpretación errada" de la Ley 906.

Son encomiables los esfuerzos del Gobierno y la Judicatura por arreglar la aplicación de la Ley 906 tras cuatro años de caos, pero fracasarán. Esa ley es mala. La experiencia ha demostrado que quedó mal hecha y que produce pésimos resultados. Para proteger a la sociedad de la acción de los criminales, el Congreso debe cambiar los procedimientos que ella dispone, así como las penas estipuladas en la Ley 890 del mismo año.

Por eso, entre los candidatos que ensucian nuestras calles con los miles de vallas y trapos con sus caras y nombres que las autoridades tan generosamente les permiten colocar, los ciudadanos deben votar sólo por aquellos que se comprometan a trabajar en el urgente cambio de estas normas. Y claro, es indispensable que los aspirantes a la presidencia se comprometan a presentar los proyectos de ley necesarios para arreglar estos engendros.

esardi@tecnoquimicas.com.co

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