Licitación cuestionada

La televisión, y en particular los noticieros, se han convertido en el conducto a través del cual la mayoría de los colombianos se enteran de la situación del país y de su región. Así lo comprueban diferentes encuestas, incluyendo el más reciente Estudio General de Medios, según el cual algo más de dos terceras partes de los ciudadanos acude primordialmente a la llamada caja chica, para saber lo que ocurre a su alrededor.

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marzo 05 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-05

Esta realidad explica porqué despiertan tanta sensibilidad en la opinión pública las adjudicaciones de frecuencias y franjas, por donde diversos operadores privados adquieren el derecho de utilizar un bien público, de enorme influencia en la sociedad. Ante esa realidad, es claro que gobernantes y dirigentes políticos cada vez tienen más interés en influir sobre la televisión. Por tal razón, les corresponde a los organismos de vigilancia y control, al igual que al público en general, velar porque estos procesos se hagan con total transparencia y pulcritud. Vienen a cuento estas reflexiones a propósito de la licitación para entregar en concesión cuatro noticieros y cinco espacios de opinión en Telepacífico, el canal regional del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. La decisión final, que debería tomarse hoy, ha venido precedida de múltiples cuestionamientos que generan grandes inquietudes. Éstas se encuentran relacionadas con la aparente intervención del gobernador del Departamento, Juan Carlos Abadía, para sacar de la franja del mediodía a 90 minutos, el noticiero más visto en la región desde hace dos décadas. El método adoptado para la adjudicación de estos espacios ha sido controvertido en varios aspectos. Primero, por el cortísimo plazo fijado para la presentación de las propuestas, una maniobra tristemente usada en el pasado, que normalmente se utiliza para favorecer a amigos que, curiosamente, conocen de antemano los requisitos exigidos. Segundo, porque para la calificación de los proponentes se dio la mitad del puntaje a un elemento totalmente subjetivo como era la ‘calidad’ de un programa piloto. El video fue evaluado por un comité conformado en su totalidad por funcionarios que dependen del Gobernador, sin la participación necesaria de expertos independientes. También ha sido cuestionado el consorcio que parecería ser el ganador, compuesto por una empresa dedicada a la distribución de licores departamentales, pues este sólo incluyó en su objeto social “la realización de programas de televisión” el mismo día que se abrió la licitación. Una coincidencia más que extraña. Además se han presentado sustentadas denuncias contra la veracidad de algunos de los documentos que la mencionada sociedad anexó para acreditar experiencia, al igual que para cumplir con otros requisitos que le dieron puntaje. Tan oscuro episodio ha suscitado el rechazo de los directores y editores de la mayoría de los medios de comunicación nacionales y de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que lo calificó como “un proceso que busca coartar la libertad de expresión en el Valle del Cauca”. Para quienes saben del tema, todo forma parte de un burdo intento del gobernador Abadía, cuyo objetivo es silenciar un informativo independiente que en ocasiones ha sido crítico de decisiones tomadas en su despacho. No es la primera vez que el Mandatario regional es cuestionado. Aparte de haber llegado a la Gobernación de la mano del ex senador Juan Carlos Martínez, detenido por sus vínculos con la parapolítica, el joven dirigente ha buscado promover su nombre, cueste lo que cueste. Según la Contraloría del Valle se ha gastado cerca de 10.000 millones de pesos de recursos públicos en campañas publicitarias, supuestamente institucionales, pero que en realidad son propaganda personal. O, peor aún, le ha dado su apoyo a movimientos como sucedió con el lanzamiento público que hizo del –en buena hora prohibido– partido ADN en la pasada Feria de Cali. Por tal motivo, es deseable que la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de Televisión y a la Contraloría General de la República le hagan un seguimiento activo a este proceso de licitación, con el ánimo de vigilar que se cumpla la ley y se preserve la libertad de expresión. Encontrarán mucha tela que cortar. "El proceso para entregar en concesión cua- tro noticieros y cinco espacios de opinión en Telepacífico, el canal regional del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, ha generado muchas inquietudes".ADRVEG

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