Lío en túnel de La Línea puede afectar otras obras en país

Una contrarreloj viven el Invías y el contratista para definir antes del 30 de noviembre qué pasará con el proyecto. Estos son los escenarios qué se tendrían con una posible caducidad del contrato.

El túnel de La Línea, de 8,6 km, sería el más largo de la región.

Archivo particular

El túnel de La Línea, de 8,6 km, sería el más largo de la región.

Finanzas
POR:
octubre 13 de 2014 - 09:55 p.m.
2014-10-13

En la encrucijada del túnel de La Línea hay una certeza: el próximo 30 de noviembre será definitivo jurídicamente para las 10 firmas que integran la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), grupo que desde el 2008 responde por la construcción del proyecto.

Dependiendo del camino que tome el Instituto Nacional de Vías (Invías), podrían quedar inhabilitadas para contratar con el Estado durante cinco años y, como coletazo, serían obligadas a ceder sus participaciones en las sociedades o concesiones en las que hacen parte.

“Como el Invías no individualizó dentro del proceso sancionatorio y no determinó quién o quiénes dentro de la UTSC incumplieron presuntamente el contrato las sanciones que se impongan serían para todos”, afirma el abogado Huberto José Meza Armenta, apoderado de la Unión Temporal.

Lo que, como efecto dominó, afectaría por lo menos a una decena de obras, entre ellas, la doble calzada Bogotá-Girardot y la construcción y el mantenimiento de vías urbanas y de campos petroleros en Nariño, Cundinamarca y los Llanos orientales.

Se podría dar incluso que la Dian, que hoy tiene el 25 por ciento de participación de la concesión vial Bogotá-Girardot, después de que la Superintendencia de Sociedades le entregara estos derechos como parte del pago de las obligaciones fiscales que tenían las compañías del grupo Nule (socias del proyecto) con el Estado, quede con posición dominante.

Es por eso que el último día de noviembre es determinante; es la fecha límite para que el Invías, como entidad que contrató la obra en La Línea, y el representante legal de la UTSC, Carlos Collins Espeleta, lleguen a un punto de no retorno: la negociación para acabar los trabajos, aumentando el plazo y adicionando recursos, la caducidad o la cesión del contrato.

Aunque no parezca, las posiciones del Gobierno y del contratista se han venido acercando en las últimas semanas.

Ambas partes reconocen, a un mes y medio de que se venza el plazo de construcción y entrega, que las obras no estarán listas. Por eso hablan de que se necesitará más tiempo y dinero: un año y medio y cerca de 180.000 millones de pesos. El tiempo, prácticamente, se agota y las partes lo saben.

La contrarreloj empezó desde que la entidad, por recomendación de la interventoría —Consorcio DIS S.A.-ELD Ltda.– inició el proceso administrativo para declarar la caducidad del contrato.

La audiencia comenzó el 3 de octubre, van dos sesiones y la próxima está programada para el 16 de octubre y podría ser definitiva para el proyecto que atraviesa la Cordillera Central, entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío). Cualquier cosa podría suceder. “Ese día, como ya presentamos descargos, el Invías podría llegar y notificarnos del acto administrativo de caducidad o permitir que se realicen las pruebas que solicitamos para poder controvertir los informes de la interventoría y tener derecho a legítima defensa”, afirma Meza Armenta.

De optar por la caducidad y negar la posibilidad de controvertir a la interventoría, la defensa de los contratistas demandará la decisión ante los altos tribunales y solicitará la suspensión temporal de la medida por cuatro a cinco meses.

Si la decisión tomada por el Invías (es en contra del concesionario) queda en firme, luego de agotar las instancias judiciales, el Gobierno deberá decidir el primero de diciembre, un día después de que termina el contrato, quién se encargará de la obra.

“Tiene que empatar el primero de diciembre con una salida para que exista alguien en terreno que sustituya al actual contratista para que la obra no se deteriore y tenga vigilancia”, explica Meza. ¿A quién se puede contratar en un mes para que responda en una obra de esta dimensión? “Quizás al que esté interesado en la construcción del segundo túnel (el actual es unidireccional)”, sospecha Collins.

¿QUIÉN PODRÍA OFRECER EN DICIEMBRE ESTAS GARANTÍAS?

La ley autoriza que puede ser otro contratista que tenga la capacidad operativa, técnica y financiera de hacerlo. Casualmente este diario encontró en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) que el Invías publicó el pasado 7 de octubre el borrador de una licitación por 106.500 millones de pesos para terminar en un año el túnel piloto (experimental) o de rescate del proyecto.

En el 2004, el mismo instituto pagó 74.991 millones de pesos al consorcio Conlínea, del que hacen parte las firmas Conconcreto y los Solarte, la perforación de ese pasillo de 8,6 kilómetros y un diámetro de 4,5 metros, donde escasamente puede transitar un vehículo, para conocer el riesgo geológico del sector.

Sin embargo, el túnel experimental de Conlínea no determinó con exactitud las condiciones de la montaña que se iba a perforar.

Eso hizo que el valor del contrato del túnel de verdad se incrementara en 164.000 millones de pesos, de los cuales el Invías, pese a que faltan 179 metros de los 8,6 km de excavación, solo ha pagado 66.000 millones.

Pese a esto, no hubo ninguna penalidad y tampoco se convirtió en impedimento para que Conlínea pudiera participar y ganar en julio de este año el contrato por 86.000 millones de pesos para las obras anexas al túnel de La Línea.

El ganador de la nueva licitación se conocería en las últimas semanas de este año.

MARATÓN DE TUTELAS

Ahora bien, en el escenario de que el Gobierno declare la caducidad, y se surtan los pasos para que quede en firme, empezará la etapa del liquidación del contrato.

Este proceso, dice Meza, quien fue procurador judicial administrativo, se debería tardar cuatro meses, pero en un contrato de esta naturaleza podría demorarse hasta dos años.

Al mismo tiempo empezarían los cuatro tribunales de arbitramento.

Estos litigios, explica el asesor financiero de Collins, Gustavo Monroy, suman 596.478 millones de pesos.

De estos ya se presentaron dos: mayores cantidades y longitudes de túneles y viaductos por 191.331 millones de pesos y por modificación en el valor del revestimiento (forro) del túnel principal por 161.147 millones.

Luego se presentarían dos más: por excavación en mayor terreno de falla geológica y por desequilibrio económico al cambiar la forma de pago. Ambos suman 244.000 millones.

“Collins demandaría la declaratoria de nulidad del contrato y los perjuicios que le traiga”, dice su apoderado pues estaría obligados a ceder el 25 por ciento de participación que tiene en la concesión Bogotá-Girardot.

Adicionalmente, la Unión Temporal y cada uno de los contratistas interpondrán acciones de tutelas ante los tribunales del circuito penal, civil y administrativo, buscando recuperar sus derechos y para evitar un duro golpe a sus finanzas.

PARA ESTRENAR OBRAS EN LA LÍNEA HAY DOS CONDICIONES

Aún cuando el Gobierno acabe con el contrato ‘llave en mano’ a la Unión Temporal Segundo Centenario, y un nuevo contratista asuma los trabajos, las carreteras, los puentes y túneles construidos no se podrían estrenar.

“Se necesitan que Conlínea, que está construyendo las obras anexas, una vía de 2,5 km y revestimiendo de tres túneles cortos, las culmine y que el Invías saque a licitación, adjudique y luego se instalen los equipos electromecánicos (ventiladores y luces) del túnel principal”, dice Gustavo Monroy, asesor financiero de la Unión Temporal.

Agrega que todos los precios que el Gobierno fije en esos eventuales contratos se usarán para probar los perjuicios en los tribunales.

LOS PECADOS DE COLLINS, SEGÚN LA INTERVENTORÍA

Aunque Carlos Collins resalta que en sus 50 años de ejercicio como ingeniero jamás lo han multado, información de la interventoría DIS S.A.-ELD Ltda del túnel de La Línea comprueba que en 20 ocasiones ha estado muy cerca de estarlo.

Algunos de los incumplimientos fueron en materia de personal y de las metas 3, 4, 6, 9, 11 y 12, por no entregar información, por no implementar oportunamente plan de manejo ambiental y no acatar otros requeri-
mientos, entre otros.

A través de actas se le han hecho al menos 300 llamados de atención.

“Las multas y sanciones son de carácter conminatorio, que el contratista fue resolviendo y la entidad las fue cerrando, pero son una muestra clara de la dificultad que se ha tenido para ejecutar el contrato debido a los permanente atrasos e incumplimientos”, dice en un informe la firma.