Líos por redes de servicios públicos frenan obras viales

La falta de normas y de claridad sobre algunos puntos claves en la ejecución de obras civiles del país, no solamente sigue generando atrasos en muchos proyectos, sino que ha aumentado los enfrentamientos entre las empresas de servicios públicos y las firmas de ingeniería.

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marzo 23 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-23

No se trata de simples problemas jurídicos y de responsabilidades, sino de sobrecostos, sanciones y desprestigio de las compañías contratistas. El problema se centra en la indefinición sobre quién debe asumir los costos del traslado de las redes de servicios públicos, cuando éstas se atraviesan en la construcción de una carretera, un puente o cualquier otra obra. Según una investigación de la firma Restrepo y Uribe Ltda., a las redes de servicios públicos se les atribuye, en 37 por ciento, el origen de las demoras y sobrecostos, mientras en un 31 por ciento la causa corresponde a los asuntos con predios. Los casos están a la orden del día. En Bogotá, por ejemplo, una de las mayores dificultades para que los trabajos en la Autopista Norte avancen a un mayor ritmo tiene que ver con las líneas de interconexión eléctrica, pues parte de éstas se ubican en medio de la misma Autopista, lo que ha implicado restricciones para su ampliación. En Cali, el traslado de las redes de telecomunicaciones para dar paso a las obras del sistema de transporte masivo (MIO) tuvo que ser asumido por los usuarios. Por esa situación, Emcali se vio obligado a destinar 162.000 millones de pesos. Pero uno de los casos más críticos se registra en la construcción de la segunda calzada de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Esta obra, que se inició en la capital de Bolívar y que en su primera etapa concentra los trabajos en un tramo de 10 kilómetros, atraviesa un sector en el que están todas las redes de servicios públicos (agua, alcantarillado, telecomunicaciones, energía y gas). La gerente del consorcio Vía al Mar, Ana Lucía Dugand, sostiene que no hay claridad en todos los casos sobre quién es el responsable de mover esas redes, lo que ha implicado atrasos en la ejecución de las obras y un costo más alto. “Con Electricaribe no hubo acuerdo de ningún tipo. Ellos simplemente dijeron que no movían las redes. Teníamos dos opciones, o dejar el poste en la mitad de la carretera o que el concesionario asumiera el traslado. Nos fuimos por la segunda alternativa”, dice la directiva. En contraste, la empresa Surtigas asumió el traslado de la tubería de gas por su propia cuenta y riesgo. Entre tanto, con la Alcaldía de Cartagena fue necesario acordar un plan para financiar el traslado de la red de alcantarillado y acueducto, debido a que el costo preliminar de mover esa infraestructura alcanza los 27.000 millones de pesos, recursos que no están en el presupuesto de la entidad. “Vemos que encontramos toda la gama de situaciones que pueden ocurrir con el conflicto entre las redes de servicios públicos y la infraestructura vial”, afirma Dugand, al tiempo que señala que las soluciones que encontraron son de carácter coyuntural, pero es una situación que no debe repetirse en el futuro. Otro caso se registró en la vía Bogotá-Girardot, donde sólo con una acción popular fue posible obligar a una empresa de servicios públicos a hacer el traslado del alumbrado público para que el Invías construyera un puente peatonal. Muchas obras afectadas El debate sobre este tema ya está sobre la mesa. La discusión la inició la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). En un encuentro que organizó este gremio para analizar la coyuntura con las redes de servicios públicos, el contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, propuso crear una comisión integrada por los sectores involucrados para buscar una salida a la problemática, aunque a primera vista no se note un consenso entre las partes. “Prácticamente, todas las obras que se construyen en el país están afectadas con el tema de los traslados de redes”, dijo Turbay Quintero, quien reconoció los vacíos que existen en materia jurídica. Al respecto, la Ley 1228 de 2008 prohíbe intervenir las franjas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial nacional, pero la norma no define nada en cuanto a quién le corresponde asumir el costo del traslado de las redes de servicios públicos. El debate continúa. ANDRUI