Lista la hoja de ruta

Por fin, y a punto de vencerse el plazo que le dan la Constitución y las leyes, el Congreso aprobó la semana pasada el plan de desarrollo 'Prosperidad para todos', que fija el programa de inversiones del Gobierno en las diferentes ramas de la administración pública para el cuatrienio 2010-2014.

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mayo 03 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-03

Se trata, en total, de 563,9 billones de pesos, de los cuales 194 billones le corresponden al sector central, 99 billones al sistema general de participaciones y 35 billones a las entidades territoriales. No deja de resultar curioso que la suma más grande -de 227 billones de pesos- sea responsabilidad del sector privado, que por supuesto tiene la potestad de aportar esa suma o no en las diversas actividades previstas. Esa situación hace necesario que haya que tomar con pinzas los montos asignados, pues una cosa son los buenos propósitos y otras las realidades. Hecha la advertencia, en los 275 artículos aprobados en el Capitolio hay la obvia conexión con los postulados que esbozó Juan Manuel Santos el pasado 7 de agosto, cuando tomó posesión como Presidente de la República. En tal sentido, están presentes los diferentes ejes temáticos, como el regional y el social. También está implícito el apoyo a las conocidas locomotoras, cuya marcha debe servir para impulsar la tasa de crecimiento de la economía. No obstante, como se ha vuelto normal en estos casos, también hay iniciativas para dar y convidar. Una prueba de ello es que, frente al proyecto inicial, el texto que recibió la luz verde tiene 100 artículos más, incluyendo uno que le cede al municipio de Nemocón las rentas de explotación del proyecto turístico 'Mina de sal' que queda en su territorio, otro que habilita un par de lotes en Tumaco para construcción de Vivienda de Interés Social y un tercero que permite el uso de aviones ultralivianos para labores de fumigación aérea. Con razón no faltó quien dijera que más de un legislador tramitó intereses individuales, dejando en claro que algunos tendrán más prosperidad que otros. La razón de esa circunstancia es el mecanismo que permite que a la versión gubernamental se le agregue de todo, lo que es estimulado por los ministerios que también tratan de romper cuellos de botella normativos a través de un parágrafo. De hecho, el total de proposiciones ascendió a 1.200, algo que sugiere que el asunto está adquiriendo proporciones de epidemia, ante lo cual habrá que esperar el concepto de la Corte Constitucional sobre lo ocurrido. Pero mientras eso pasa, vale la pena destacar que en el tema tributario el impuesto predial va a tener un incremento, al tiempo que el generoso régimen de exenciones fiscales que tanto ha preocupado a los expertos se extiende ahora al campo de la ciencia y la tecnología. Situaciones como la mencionada van a aumentar el desorden existente, en una normatividad que pide a gritos una reforma de fondo. Aparte de lo anterior, hay cuestiones relacionadas con el agro, el desarrollo urbano, el transporte, la minería y la atención a los damnificados del invierno, entre otros temas. Desde un ángulo positivo, si se hace lo previsto, esto debería permitir que los propósitos de disminuir la pobreza y mejorar la equidad social y regional se logren con mayor prontitud. Ahora, con la hoja de ruta definida, comienza la etapa de mejorar la capacidad de gestión, para que las inversiones se hagan a tiempo y el Estado recorte lo que le toma responder a las necesidades. Las sumas mencionadas cubren un compendio de programas y propuestas que no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Ante esa situación, lo que viene ahora es asegurarse de gastar bien con el propósito de que, para mediados de la década, el país haya dado el salto que la ciudadanía anhela. Ese es el desafío que acompaña la adopción formal del plan de desarrollo.HELGON

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