Llueven propuestas para declarar emergencia por el invierno que golpea a Colombia

Usar el cuatro por mil, crear un fondo y por fin, buscar que Colombia tenga una política de riesgo s

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diciembre 07 de 2010 - 02:16 p.m.
2010-12-07

 

El impacto económico y social del fuerte invierno que azota al país ya es de dimensiones similares al provocado por el desbordamiento del río Páez en 1994 o al del terremoto en el Eje Cafetero en 1999. Por eso, desde todos los ángulos, la declaratoria  del estado de excepción, de acuerdo con lo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, no solo es necesaria, sino que está retrasada, opina el parlamentario Carlos Baena, de la Comisión Sexta del Senado, donde se planteó la idea hace ya dos meses.

 "Creo que en vez de declarar la calamidad pública, como se hizo hace tres semanas, se debió acudir de inmediato a la declaratoria de emergencia. Se han demorado demasiado", indica el congresista.

Con la medida de calamidad pública, adoptada el pasado 17 de noviembre, el margen de maniobra del Gobierno nacional se amplió, pero solo para tocar puertas y conseguir recursos internacionales. En cambio, la declaratoria de emergencia es, para el ex director de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas Santamaría, "el estado de excepción que se utiliza para que el Gobierno tenga flexibilidad en la toma decisiones, de manera que se facilite la obtención de recursos adicionales y su rápida ejecución, para que pueda haber así una respuesta expedita ante una catástrofe".

El ex magistrado José Gregorio Hernández, explica que están dadas todas las condiciones para declarar el estado de excepción, del que dijo, "es la más amplia atribución que puede tener el Ejecutivo para sortear la crisis e impedir la extensión de sus  efectos. Con base en el riesgo, el Presidente tiene facultades para establecer impuestos, tasas, contribuciones, puede modificar el presupuesto, puede incluso suspender la vigencia de las leyes que se opongan a sus facultades".

Según las experiencias anteriores, anota el ex magistrado, "Lo que se ha hecho es establecer impuestos extraordinarios, que pueden ser nuevos o aumento de los existentes, según lo previsto en el Artículo 215 de la Constitución".

Las posibilidades que se barajan ahora van, desde la utilización de los recursos del impuesto del cuatro por mil, hasta la creación de un fondo que trabaje desde ya en los efectos que por lo general, se esperan tras un evento de esta naturaleza:

Epidemias, desempleo, destrucción de viviendas y bienes de uso público, así aumento en los niveles de hambre. "El Gobierno puede decir, tomo dos o tres puntos del cuatro por mil, antes de desmontarlo, lo que en un año podría sumar 3 billones de pesos.

Hay que tener en cuenta que se necesita mucha plata para trabajar en tres frentes, el de la atención inmediata,  el de la recuperación económica -que es costosísima- y el frente de la prevención que es la que no hay en Colombia. La gestión de riesgo no existe", opina Baena, quien agrega que "Colombia no aprende de las experiencias pasadas.

Es insólito que, aunque  en el índice global de riesgo, para el 2010, el país estaba en el décimo lugar en el mundo, con un nivel de riesgo extremo y, sin embargo, no tenemos una política al respecto".

Las estrategias económicas dentro del estado de excepción, según explica José Gregorio Hernández, se tomarían a partir de la expedición de un decreto que regiría por el tiempo que el Gobierno determine, pero que no podrá exceder más allá del 31 de  diciembre del año siguiente, es decir, "hasta el 31 de diciembre del 2011, a menos que el Congreso quiera prorrogar la vigencia de esos impuestos, como pasó con el dos por mil en 1988, que se creó para enfrentar la crisis financiera de ese año y  después, como tres y cuatro por mil, sirvió para atender la catástrofe del Eje, hasta que finalmente lo volvieron un impuesto permanente. Sería bueno que esos dineros se utilizaran ahora, aunque no estoy seguro si serían suficientes", concluyó

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