Magdalena y Cesar avanzan en Planes Departamentales de Agua (PDA), pero en el resto del país hay rezago

La ejecución de la mayoría , de los que ya hay diagnósticos en 840 municipios y 540 zonas rurales con graves problemas de acueducto y alcantarillado, aún está a media marcha.

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mayo 18 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-18

Si bien están comprometidos ocho billones de pesos para la ejecución de proyectos en los próximos tres años "dos billones se deben ejecutar en el 2009", y desde ya se advierten demoras, entre otras razones, por el efecto que tendrán las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año en la contratación, así como por el desconocimiento de las normas regulatorias y la alta dispersión de la información que hay sobre el tema.

Así lo reseña la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), que junto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), conformaron un observatorio para acompañar al Viceministerio de Agua y Saneamiento en el desarrollo de esa iniciativa.

Los Planes Departamentales de Agua surgieron como una estrategia gubernamental para incrementar las coberturas de acueducto y alcantarillado en municipios y zonas rurales.

Sin embargo, un reciente análisis de Acodal hace énfasis en las dificultades a la hora de promocionar los esquemas necesarios para sacar adelante los proyectos.

Se trata de una situación consecuente con la incertidumbre que genera entre los mandatarios departamentales y locales el manejo financiero de las obras.

"La deficiente gestión y la ausencia del nivel departamental como articulador de los PDA hacia un nivel local, evidencia la falta de mecanismos de coordinación, asistencia técnica, financiación, regulación y control, que han hecho que para muchos departamentos y municipios se dificulte el logro de los objetivos planteados", agrega el informe.

Una de las razones para dilatar la ejecución de los planes es el debate mismo que deben asumir los alcaldes sobre el manejo de los recursos, en un escenario donde prima el desconocimiento y pasa a un segundo plano el alcance real de los proyectos.

Esto sucede, pese a que la primera etapa de los planes consistió en trabajar de la mano con los departamentos, los municipios y las comunidades rurales para identificar los problemas y definir las soluciones.

Ese fue el punto de partida para luego asumir el compromiso de los entes regionales para garantizar los recursos que demandan las obras, incluso acudiendo a vigencias futuras y a líneas de financiación con la banca multilateral, entre otras alternativas.

Para la presidenta del gremio, Maryluz Mejía, esta situación no va en línea con los propósitos del Gobierno de acelerar la ejecución en obras de infraestructura como una manera de hacerle frente a la crisis.

"Cuando se quiere poner la primera piedra o hacer una excavación para abrir una zanja, ya ha pasado mucho tiempo. La preocupación nuestra es que de todo el 2008, los recursos que se habían destinado no se invirtieron, pues nos quedamos otra vez en la explicación de los planes. Durante el 2009 se proyectaron unas inversiones, ya estamos en mayo y tampoco vemos que haya empezado la ejecución de obras", señala.

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