Mal manejo de la reforma tributaria

Las relaciones entre Gobierno y Congreso obedecen  a un ritual preestablecido que debe conservarse. Uno de los cánones más importantes de dicho ritual es el de que a partir del momento en que el Gobierno radica un proyecto de ley en el Congreso debe abstenerse de cambiarlo unilateralmente o de negociarlo por fuera de las instancias parlamentarias.

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agosto 15 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-15

Esta regla de procedimiento tiene su razón de ser: implica un reconocimiento de parte del Gobierno a las prerrogativas del Congreso para hacer las leyes. Y un gesto de respeto mínimo del ejecutivo para con el poder legislativo. Pues bien: esta norma de cortesía política se ha roto abruptamente la semana pasada. Habiendo ya radicado el Gobierno el proyecto de reforma tributaria en el que no se contemplaban modificaciones al impuesto a las transacciones financieras, el Presidente concurrió a la asamblea anual de la Asociación Bancaria y allí anunció (contrariando lo que decía el proyecto radicado por el propio Ministro de Hacienda hacía pocos días en el Congreso) que el Gobierno era partidario de iniciar un desmonte gradual del 4xmil. Anunció además, que revisaría la tarifa de renta propuesta para personas naturales. También confirmó un reversazo en materia de exenciones para inversiones de tardío rendimiento. Y concurrió a una reunión en Barranquilla donde echó para atrás lo que el Ministro y la propia reforma proponían en cuanto a zonas francas. Por el momento no vamos a profundizar sobre el contenido de las modificaciones que -por fuera de las instancias congresionales- le está haciendo el Gobierno a su propia propuesta. Pueden ser convenientes. Pero no es el punto que deseamos subrayar. Queremos señalar es el aspecto de procedimiento. El Gobierno como el Dios Saturno anda devorando a sus propias criaturas ante las asambleas gremiales. Pero lo está haciendo antes de que comience oficialmente el ‘banquete’ en el Congreso Nacional. Si en Colombia tuviéramos unos partidos menos dóciles, y si las directivas y voceros de las bancadas parlamentarias comprendieran que es indispensable para la democracia hacer respetar los fueros parlamentarios, de seguro las protestas no se hubieran hecho esperar. Pero no habrá tales protestas. Habrá -como en tantos otros temas- un silencio sepulcral. Acorde con el temor reverencial que existe de decir cualquier cosa que pueda molestar al ejecutivo omnipotente. Los partidos y sus directivas parecen resignados a que los avasalle el Gobierno. Aún tratándose de temas y de procedimientos que deberían ser de su exclusiva competencia e interés. Como lo es ésta regla -tan simple pero tan importante de cortesía política- que prescribe que las modificaciones que se le hagan a los proyectos de ley una vez radicados se conviertan en asunto que incumbe exclusivamente al Congreso y no al Gobierno. Pues se considera que el Gobierno al radicar un proyecto de ley ya opinó; y quien tiene la palabra a continuación es el Congreso. A ésto le sumamos la costumbre muy propia del Gobierno -al que le encanta, en cada asamblea gremial a la que concurre, llegar con algo para endulzar el oído de los asistentes. Y si ese ‘algo’ consiste en cambiar sus propios proyectos de ley aún antes de que los ponentes de las comisiones respectivas del Congreso hayan tenido siquiera la oportunidad de pronunciarse, la cosa se torna mucho más delicada. Pasamos así de la democracia representativa a la corporativista. La que llegó a entusiasmar a algunos en el siglo pasado. Y en la que lo audible no era la voz del Congreso sino la de los grupos de presión. "Hay que evitar la sustitución de la democracia representativa por el corporativismo”.

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