Manaure, a Ley 550 en medio de saqueos de sal

El trabajo de meses de las autoridades mineras, el gobierno de Manaure (La Guajira) y la Superintendencia de Sociedades, para una fórmula de salvación de Salinas Marítimas de Manaure (Sama), está en riesgo sin siquiera haber comenzado la reestructuración que acaba de avalar el Gobierno.

Salinas de Manaure, La Guajira.

Juan Uribe

Salinas de Manaure, La Guajira.

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noviembre 29 de 2013 - 04:12 a.m.
2013-11-29

Aunque la Superintendencia aprobó que Sama inicie un proceso bajo la Ley 550, desde hace 20 días la operación está detenida tras la entrada en paro de sus 86 trabajadores, a quienes les adeudan cuatro quincenas y los pagos de seguridad social.

Además, la alcaldesa de Manaure, Francisca Beatriz Freyle, denunció que unos 300 particulares e indígenas de la asociación indígena wayú Sumain Ichi (dueña del 36 por ciento de la empresa) están robando el mineral y llevándose la producción existente, lo que afecta el proceso productivo, que es el primer paso para que funcione la reorganización.

Ayer, al término de un consejo de seguridad, la funcionaria pidió la militarización de la empresa para frenar el saqueo. Este es el segundo centro de producción de sal del país, con capacidad de 200.000 toneladas al año.

El gerente de Sama, Juan Barros, dijo que logró conseguir el dinero para pagar los salarios atrasados, pero ayer los trabajadores se resistían a dejar la protesta, porque piden beneficios adicionales que no es posible conceder por la situación a la que llegó la empresa, tras malas decisiones desde que la firma quedó controlada en el 2007 por las comunidades, que reclamaron su derecho ancestral, lo que llevó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a cederles su participación del 51 por ciento.

Lo grave es que mientras Sama vende a 51.000 pesos cada tonelada, quienes la están hurtando la comercializan a 30.000 pesos, a los mismos clientes de la empresa.

La Alcaldesa aclaró que los líderes de las comunidades están en contra de la protesta, pero no han podido detener la toma.

El promotor nombrado por la Supersociedades, Luis Fernando Alvarado, dijo que se corre el riesgo de una liquidación de Sama, pues si no hay producción tampoco se generan los ingresos que hagan viable el plan de pagos a los acreedores.

“El peor de los mundos es el que se está viviendo”, aseguró, tras revelar que la próxima semana habrá una reunión con el alto Gobierno para suministrar recursos que permitan el arranque, con el compromiso de no hacer bloqueos.

Lo anterior, porque ya están adelantados los trámites para la llegada de un operador que se encargue de potenciar el proceso productivo. Alvarado reveló que ya hay una firma interesada en operar la empresa y otra que tendría interés.

Agregó que se busca financiación para reparar un apilador de sal y para comprar unas bombas de agua, lo que requiere unos 3.600 millones de pesos, con lo cual se normaliza la operación y se busca el operador.

“El Gobierno está buscando los mecanismos para aportar el dinero, obviamente con las debidas seguridades”, indicó.

RIESGO DE CADUCIDAD

Si no se resuelve la situación, Sama podría incurrir en nuevas causales de caducidad del contrato minero, pues aunque tenía atrasos en regalías, en el plan de salvamento la Agencia Nacional de Minería accedió a una espera, por la importancia para las comunidades.

Ómar G. Ahumada Rojas

Redacción Economía y Negocios

 

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