'No me intimidan las multinacionales': Mauricio Cárdenas

El ministro de Minas y Energía explica el pulso con Cerro Matoso, en entrevista con Yamid Amat.

Mauricio Cárdenas, ministro de Minas y Energía

Rodrigo Sepulveda / Portafolio.co

Mauricio Cárdenas, ministro de Minas y Energía

POR:
agosto 19 de 2012 - 05:04 p.m.
2012-08-19

Dos temas fundamentales concentran la atención del ministro de Minas, Mauricio Cárdenas: los atentados terroristas contra la infraestructura eléctrica y el vencimiento, el mes próximo, del contrato con la compañía inglesa BHP Billiton para explotar la mina de ferroníquel en Cerro Matoso.

Sobre el terrorismo, el Ministro esboza una nueva estrategia para combatirlo. Sobre Cerro Matoso, fija las condiciones indispensables que el Gobierno impondrá para prorrogar la concesión hasta el 2029. Y notifica sin temores: "A mí no me intimidan las multinacionales".

"Tenemos suficiente evidencia de que las organizaciones terroristas tienen una estrategia contra la infraestructura energética. Empezaron con los oleoductos, después las instalaciones petroleras y últimamente el sector eléctrico, especialmente en el suroccidente del país".

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Están concentrados en Arauca, Norte de Santander, Putumayo y Nariño.

¿Pero se trata de control territorial en esas regiones?

No. Son actividades terroristas de una o dos personas camufladas en la población civil que ponen cargas explosivas normalmente en horas nocturnas y las detonan por medio de celulares. Además dejan el campo minado para que, cuando entren los trabajadores a reparar la infraestructura, los asesinen.

¿Y cómo se piensa enfrentar?

No nos estamos quedando cruzados de brazos. Lo más importante es el apoyo de la población con información. Funciona con éxito en el Catatumbo. Intensificamos sobrevuelos de aviones no tripulados para detectar movimientos sospechosos.

El Ejército aumentó el pie de fuerza para proteger la infraestructura energética, y nuestro sector ha construido las instalaciones para apoyar a la Fuerza Pública. Es una nueva estrategia contra el terrorismo.

Si la falta de energía afecta más a la población que al Gobierno, ¿cuál es el objetivo de los ataques?

Es una estrategia terrorista que busca intimidar a la población y dar la apariencia de fortaleza, cuando en realidad hay una gran debilidad. La estrategia está siendo autodestructiva para Farc y Eln, pues ha afectado a la población más necesitada.

Arauca se quedó sin agua potable una semana y Tumaco ya cumple nueve días sin energía. Lo peor es que el Eln dijo que lo hacía en contra de las multinacionales. Estos son los costos de vivir de espaldas a la realidad, sin capacidad de entender los cambios que ha tenido nuestro país.

Hoy en día el 70 por ciento del petróleo lo produce y exporta Ecopetrol, que es una empresa de 500.000 colombianos que pusieron sus ahorros ahí para tener una mejor pensión o para educar a sus hijos.

En el sector eléctrico pasa lo mismo con empresas como ISA e Isagen.

Los colombianos no hubiéramos logrado reducir la pobreza o aumentar la cobertura en salud y educación sin los ingresos que deja el sector minero energético. Atentar contra la infraestructura energética es atentar contra los programas sociales que benefician a los más pobres.

Tenemos que unirnos en una condena a esas acciones. Los trabajadores que murieron reparando torres eléctricas en Nariño estaban prestando un servicio público. Además mueren personas en hospitales que se quedan sin energía. Es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

¿Qué ha originado ese resurgimiento de un terrorismo que parecía aplacado?

La guerrilla está débil, perdió totalmente control territorial. Usa el terrorismo para tratar de mantener presencia. Pero es una estrategia que no durará mucho.

La población civil cada día da más información para combatir organizaciones que se han ensañado contra los sectores más vulnerables.

Otro punto: Cerro Matoso. ¿Qué va a hacer el Gobierno?

Colombia está a punto de entrar en el club de países desarrollados por su tradición de honrar los contratos y no actuar de manera oportunista.

El Gobierno revisa el sustento legal que le permitiría a Cerro Matoso S.A. prolongar su actividad hasta el 2029, de acuerdo con los términos pactados en un contrato firmado en 1996, cuando la Nación vendió su participación en esta empresa.

¿Es un hecho la prórroga del contrato?

No. Pasado ese filtro de legalidad, tenemos que asegurarnos de que las condiciones sean mejores que las actuales. Esta es una negociación que adelanta la Agencia Nacional de Minería, que es la autoridad minera en nuestro país.

¿Qué quiere decir mejores condiciones?

Debemos subir el pago de regalías. Es necesario que la empresa haga mayores inversiones para asegurar que la producción de ferroníquel aumente o, por lo menos, que no caiga pese a la previsible reducción en el tenor del mineral.

Además, el contrato debe incluir mayores estándares ambientales y obligaciones sociales que hoy no tiene.

¿Se podría decir que el Gobierno está dispuesto a prorrogar el contrato hasta el 2029, siempre y cuando Cerro Matoso cumpla esas condiciones?

Sí, pero debe quedar plenamente demostrada la legalidad del contrato del 96. Expertos preparan conceptos que serán fundamentales para la prórroga. Esperamos que la Procuraduría nos siga acompañando en todo este proceso para mayor garantía de los colombianos.

Pero ya tiene los conceptos del procurador Ordóñez y la contralora Morelli...

No. En el caso de la Contraloría, tengo un control de advertencia que le pide a la Autoridad Minera revisar muy bien la legalidad del contrato, que entre otras cosas nadie ha demandado en 16 años.

Yo le pregunté a la Contralora por esa afirmación, expuesta por usted en el reciente debate en el Senado, y me respondió: "Es al ministro de Minas al que le corresponde demandarlo"...

Desde 1996 han pasado contralores, ministros, y nadie lo ha demandado.

¿Y usted no ha pensado hacerlo?

La Contralora no pide que lo demande, pide que lo haga estudiar. Quiero tener todos los elementos de juicio, oír y analizar conceptos de expertos para decidir. Si hay criterios muy sólidos que demuestren una ilegalidad, procedería en consecuencia, siempre de la mano de la Procuraduría.

Pero hasta ahora no tengo evidencias ni pruebas contundentes que demuestren que ese contrato es ilegal.

Pero, precisamente, el actual Procurador, ejerciendo hace años como abogado litigante, fue el autor de un concepto desfavorable al contrato y falló en contra...

Yo leí el concepto que emitió Alejandro Ordóñez siendo abogado para el Ingeominas de la época, y lo que dice es que esa concesión no se debía renovar en los mismos términos que está pactada.

¿Y usted que opina sobre ese concepto?

Estoy totalmente de acuerdo.

¿Es decir, si lo renueva o lo prorroga será otro contrato?

Sin duda. Han pasado 30 años de explotación de la mina, y ya es hora de que este proyecto le deje más utilidades al país.

Cerro Matoso paga en regalías el 7 por ciento, ni siquiera el 12 por ciento pactado, porque un 5 por ciento lo pagan en lo que llaman compensaciones; es decir, inversiones de carácter social, de infraestructura y ambiental...

La empresa está pagando en este momento una regalía del 12 por ciento.

La denuncia fue hecha por el representante cordobés David Bargüil, quien reveló inclusive que la empresa tuvo que devolver 35.000 millones, que correspondían a lo que dejaron de pagar en el período 2004-2008...

Fue absurdo que hayan hecho eso. Pero quien le puso el cascabel al gato fue este gobierno. La empresa pretendía resolver el problema de las regalías por medio de un tribunal de arbitramento, que era abiertamente ilegal, y el Gobierno lo denunció.

La contralora Morelli, denunciante inicial, y el representante Bargüil jugaron un papel importante en promover el debate. Las banderas las tomó mi antecesor, el exministro Carlos Rodado, quien se empeñó en hacer esa revisión y lograr que la empresa pagara los 35.000 millones.

Las partes que intervinieron en esa negociación firmaron un documento en el que se afirma que no quedaban saldos pendientes.

Para evitar que eventos como estos vuelvan a suceder, creamos la Agencia Nacional de Minería y contratamos este año auditorías especializadas para fiscalizar el sector como nunca se había hecho antes.

En materia de impuestos, hay denuncias sobre bajos niveles tributarios...

Desde el 2007 la empresa ha tenido una renta líquida de 4,5 billones de pesos y ha pagado impuestos por 1,5 billones, lo cual representa una tarifa efectiva de 33 por ciento.

Pero para que el país tenga mayor claridad al respecto, le pido por este medio a la empresa que libere la reserva tributaria para que el director de la Dian pueda presentar toda la información correspondiente. Esa sería una señal de transparencia para tranquilidad de los colombianos.

Los bienes de las concesiones deben revertir al Estado, cuando terminen los contratos. Hoy los bienes de Cerro Matoso tienen un valor calculado en 1,3 billones de pesos. Cerro Matoso decidió incorporarlos a su patrimonio y optó por reconocerle al Estado un arriendo de 200 millones de pesos al mes. ¿Su opinión?

En el contrato de 1996 se estableció que, a partir del 30 de septiembre de este año, la empresa tomará en arriendo los activos que pasan a ser propiedad de la Nación. El canon pactado es 1,25 por ciento sobre la utilidad neta anual, lo cual es inaceptablemente bajo. Si hay extensión, esta compensación tendrá que ser mucho mayor.

Algunos parlamentarios consideran débil su posición frente a Cerro Matoso...

Siempre tomaré decisiones en función del mejor interés para la Nación. No me intimida enfrentarme a las multinacionales. De hecho, en diciembre pasado demandamos la nulidad de una modificación al contrato con Glencore, otro de los titanes en el mundo minero, que era a todas luces desventajosa para la Nación.

Sobre Cerro Matoso el Gobierno está analizando con objetividad todas las denuncias. La cabeza fría, el rigor y el apego a la ley nunca pueden confundirse con debilidad.

En resumen, si todo se cumple como el Gobierno exige, ¿se prorroga el contrato?

Lo primero es analizar exhaustivamente la legalidad del contrato 051 de 1996, que permite la extensión de los contratos que terminan el 30 de septiembre.

En segundo lugar, todas las instancias gubernamentales competentes deberán certificar si la empresa ha cumplido con las obligaciones tributarias, laborales y ambientales y si las denuncias en materia de salud de la población están probadas científicamente.

Esta tarea la coordinará la alta consejera presidencial Catalina Crane. Si se surten estos pasos, se procederá a negociar los nuevos términos que mejoren las contraprestaciones a la Nación y los beneficios a la población en el área de la mina.

En el Senado usted dijo que la cláusula social propuesta por la empresa era una burla con las gentes de Córdoba. ¿A qué se refiere?

En un nuevo contrato, Cerro Matoso debe incluir un monto mínimo de inversiones sociales. La propuesta que recibimos, de 1,5 millones de dólares, es inaceptable para una empresa que factura 800 millones de dólares. BHP Billiton, propietaria de la empresa, está en mora de asumir una mayor responsabilidad social en el departamento de Córdoba.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

Siga bajando para encontrar más contenido