Agregó que desde su creación, en 1998, ha promovido la construcción de tan solo 39.000 viviendas de interés social en Bogotá, cuando el déficit es de 500.000 unidades. Ha estado muy por debajo de la misión para la cual fue creada y no requiere un ente burocrático de las actuales dimensiones para tan pobres resultados. Según López, en la última década le asignaron un presupuesto cercano a los 750.000 millones de pesos, de los cuales ha requerido transferencias del Distrito por 500.000 millones, lo que significa que no ha sido autosostenible. Sobre el tema, un vocero de la Secretaría del Hábitat dijo que, precisamente, la Reforma Administrativa apunta a darles un norte a diferentes procesos. Francesco Ambrosi, gerente de Metrovivienda, reconoce que este año la entidad seguirá incurriendo en gastos porque aún está asumiendo la tarea adicional de administrar los subsidios sin ejecutar (cerca de 2.500), tarea que se sumó a la idea inicial desde su creación, hace 10 años: ser gestor de suelo y banco de tierras para las viviendas social y prioritaria. Desde el próximo año, nuestra labor estará enfocada en ese sentido y seguramente la situación será diferente, y los gastos administrativos y financieros acordes con las labores, agregó. De todas formas, el Concejal recalcó que urge centrar los esfuerzos en proteger y defender a los ciudadanos interesados en obtener vivienda social y a los que ya la tienen. A mi oficina han llegado múltiples quejas por la asignación de subsidios, por la excesiva tramitología, por la falta de información clara y oportuna, por la calidad en las construcciones y por la demora en la entrega de las escrituras, denunció López. Ante esto, insistió en la idea de crear una Defensoría del Usuario de Vivienda de Interés Social, en cabeza de la Secretaría del Hábitat. Para ello, precisamente, presentará un Proyecto de Acuerdo en las próximas sesiones ordinarias. López defendió su teoría en contra de la gestión de Metrovivienda con algunas cifras de lo sucedido entre el 2005 y el 2007 (ver tabla). Expresó serios reparos por el manejo de comercialización de lotes habilitados para ejecutar proyectos VIS a través de las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV). Por su parte, el concejal Fernando Rojas dijo que la meta de construir 100.920 VIS es ambiciosa pero viable, siempre y cuando se cuente con una altísima colaboración de las entidades distritales, departamentales y nacionales para habilitar nuevo suelo, bajar los costos y lograr la conexión a la redes de servicios públicos. También será necesario agilizar la concertación con los propietarios del suelo y la habilitación de las tierras que se declararon como de desarrollo prioritario, controlar los precios en los materiales de construcción y ampliar las zonas de renovación urbana a los estratos 1 y 2. Rojas propuso estimular a los ejecutores de los proyectos y concentrar geográficamente la VIS en el Plan Zonal del Norte; además de lograr los acuerdos con el municipio de Soacha, para mutuos beneficios. DEUDAS DE LA CVP La concejal Liliana de Diago solicitó ampliar los incentivos a los morosos de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), pues no se previó que esos deudores superan los 55 años de edad y no tienen capacidad de pago (aunque se les condonó parte de la deuda). La CPV no puede continuar con esa cartera morosa, porque eso refleja una mala gestión de hace muchos años. Además, hay que generar suelos y bajar el precio evacuando los planes parciales represados para liberar muchos terrenos congelados comercialmente, dijo de Diago, quien propuso hacer renovación urbana, derribar bienes deteriorados o en mal estado, pues si no hay tierra no todo el mundo puede tener una casa de un piso. 1 millón de pesos es el valor aproximado de un metro cuadrado de vivienda de interés social sin acabados. WILABR
Finanzas
17 jul 2008 - 5:00 a. m.
Metrovivienda no es viable, dicen concejales
El concejal Fernando López, quien ha sido reiterativo con sus quejas por la labor de la empresa distrital Metrovivienda, recordó esta semana que solo le quedan dos caminos: Liquidarse o replantear su naturaleza jurídica para pasar a ser una dirección de manejo de tierras de la Secretaría del Hábitat.
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