Ordenó reunir a los campesinos, les dijo que tenían que desalojar esas tierras y que quien denunciara se moría.
Días antes, varios labriegos de la zona habían sido amenazados y otros asesinados.
En ese lugar, los 'paras' de '40' montaron su centro de operaciones y las fincas las llenaron con ganado robado de otras regiones.
"Ellos (los 'paras') empezaron a enviarles emisarios a los dueños de las fincas para que se las vendieran. Les ofrecían muy poca plata, pero el campesino terminaba aceptando porque estaba arrimado en cualquier pueblo y consideraba que era mejor recibir un millón que quedarse sin nada", contó un campesino del lugar.
Pero no se contentaron solo con pagar los predios muy por debajo del valor real, sino que a algunos les descontaron el impuesto para la organización.
Otro caso similar se registró en Turbo, en el sector de Tupila, donde en 1995 los 'paras' obligaron al desalojo de cerca de 20 veredas.
"Después de que los desplazaron, les enviaron los 'comisionistas' para negociarles las tierras. Las compras las hacían especialmente a través de una comercializadora que creó Salvatore Mancuso. Hubo personas a las que les pagaron 30 mil pesos por hectárea, cuando costaba por encima de los 100 mil pesos", contó David Goes, un líder del lugar que ahora trabaja en el proceso de recuperación de esos predios.
Casos como estos se repitieron en buena parte del país, donde los actores armados se apoderaron de la tierra, en algunas ocasiones por estrategia militar y otras con el ánimo de enriquecerse.
Cuánto despojo hay
Oficialmente no hay una cifra exacta de cuántas tierras fueron despojadas.
Para Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNR), alrededor de 4 millones de hectáreas "fueron abandonadas por sus propietarios o tenedores".
Mientras tanto, la Contraloría, en un informe del 2006, reveló que las tierras abandonadas son 2,9 millones de hectáreas, que tienen un costo de 7,2 billones de pesos. Esos predios eran de 287.500 hogares.
Para el catedrático y consultor Alejandro Reyes, quien tiene varios escritos sobre el tema, pueden ser mucho más de cinco millones.
Lo cierto es que el despojo de la tierra se volvió un factor común en muchas zonas del país para los actores armados.Lo que no fue común fue el método utilizado para apropiarse de los predios.
En algunos lugares quitaron las fincas por la fuerza, en otros pagaron una mínima parte del precio, en otros falsificaron firmas, en ciertos puntos propiciaron el desplazamiento para que otras personas se apoderaran de los terrenos e incluso les pagaron con cheques 'chimbos' (véase Los cinco principales).
Así lo ha establecido el Programa de Consultas en Recuperación
de Tierras (Conret), del Ministerio de Agricultura, que comenzó a operar en abril pasado y que está encaminado a brindar asesoría jurídica a los afectados.
"Le recomendamos a la gente el camino que debe seguir en los casos judiciales y les colaboramos cuando son trámites administrativos", dijo la coordinadora del proyecto, Eugenia Méndez.
Hasta el momento más de 800 personas han consultado a este programa sobre qué pueden hacer para recuperar sus fincas. Son los que han contado cómo se las quitaron.
El programa se apoya en 28 consultorios jurídicos de universidades y en abogados que ayudan gratuitamente.
En los 'mecanismos' de despojo hallados por el Minagricultura coincide Acción Social. De acuerdo con Miriam Hernández, del Programa de Protección de Tierras, se tienen detectadas las modalidades de constreñimiento, transferencias forzadas del dominio y presión de actos administrativos para revocar adjudicaciones del Incoder.
¿Y las Farc?
Pero si bien toda la información recogida a través de Conret está relacioanada con los 'paras', las Farc no se han quedado atrás.
"De las Farc no se sabe mucho, aunque hay denuncias, especialmente de la antigua zona de distensión, de personas que dicen que los obligaron a traspasar los títulos de propiedad", dijo Pizarro.
Por su parte, el profesor Reyes consideró que las Farc son las responsables de la mitad de las tierras que quedaron abandonadas en el país.
Las cinco principales modalidades de despojo
Pagos irrisorios
Se 'adquirieron' predios con poco dinero. Hay denuncias de pagos de 300 mil pesos por una finca. También se dieron cheques 'chimbos' (sin fondos). Hay denuncias, especialmente, en Antioquia Córdoba y Sucre.
A cambio de la vida
Se ha detectado especialmente en los departamentos de Antioquia y Magdalena, donde los paramilitares obligaron a los propietarios a venderles las tierras a cambio de "perdonarles" la vida. Las víctimas fueron obligadas a firmar los traspasos de los predios.
Trasferencias de derechos
Estos casos se presentaron especialmente en el Tolima y Magdalena, con predios cuyo poseedores no tienen títulos de propiedad. Los irregulares los obligaron a firmar un documento en el que ceden los derechos de propiedad del respectivo terreno.
Posesión irregular del predio
Se vio especialmente en Tolima y Antioquia, aunque el fenómeno se detectó en buena parte del país. Se trata de personas que tenían la ocupación de un predio y fueron obligadas a abandonarlo para que otras personas se posesionaran de este.
Falsificaron firmas
Se hicieron escrituras y traspasos de predios en los que la firma del vendedor del terreno fue falsificada. También se conocieron casos de personas que aparecieron con poderes para vender. Fue en La Guajira y Antioquia.
Los cinco casos emblemáticos en Minagricultura
La Pola
Se relaciona con 33 predios, con una extensión total de 1.129 hectáreas, ubicados en Chivolo y Plato (Magdalena) . Los propie- tarios, poseedores y ocupantes de los predios fueron obligados a salir a través de amenazas. Los cultivos y las casas fueron quemados y en la zona se construyó una base de las Auc. Esto afectó a 140 personas.
El Cucal
Son 62 predios que en total tienen una extensión de 920 hectáreas. Estos terrenos están ubicados en Marialabaja (Bolívar) y estaban habitados por 120 familias.
La gente del lugar fue desplazada por amenazas y por el asesinato de cuatro de sus líderes.
Hasta el momento se ha logrado que 12 familias retornen a la zona.
Cáceres
Se trata de 11 predios con una extensión de 900 hectáreas, ubicados en el municipio de Cáceres (Antioquia). Estaban habitados por 23 familias.
Grupos de paramilitares, mediante amenazas, obligaron a los tenedores de esos terrenos a vender las mejoras y desplazarse al casco urbano. Las fincas fueron destinadas a la siembra de cultivos ilícitos.
Turbo
Son 28 predios, con una extensión de 452 hectáreas, ubicados en el corregimiento Pueblo Bello, en Turbo (Antioquia).
Los dueños y tenedores de los terrenos debieron abandonarlos luego de amenazas y el pago con cheques sin fondos y de un millón de pesos en efectivo. Se trabaja para lograr la restitucíón de los inmuebles.
Familia Salabarria
Son tres predios de 53 hectáreas, ubicados en la vereda Mundo Nuevo, en Montería. Están afectadas 28 personas.
'Paras' asesinaron a varios miembros y los sobrevientes dejaron abandonados los inmuebles. Incoder los adjudicó a un tercero.
