Minería y agro deben salir de los páramos

La Sala de Consulta del Consejo de Estado dijo que queda prohibida la actividad en esas zonas.

En los casos en los que sea necesario detener la explotación en páramos, habrá que evaluar si hay lugar a compensación.

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En los casos en los que sea necesario detener la explotación en páramos, habrá que evaluar si hay lugar a compensación.

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marzo 19 de 2015 - 03:00 a.m.
2015-03-19

En respuesta a una inquietud elevada por el Ministerio de Ambiente, la Sala de Consulta del Consejo de Estado dejó claro que están prohibidas las concesiones mineras, títulos mineros y actividades agropecuarias en los páramos del país.

Con este concepto, que no tiene carácter obligante, el alto tribunal le indica al Gobierno que está facultado para cerrar las actividades de explotación minera y agraria que se desarrollan en estos ecosistemas y que van en detrimento de los mismos.

Según la providencia, quienes antes de la Ley 1382 del 2010 no obtuvieron licencias ambientales para llevar a cabo trabajos de explotación minera en los páramos, definitivamente no podrán conseguirlas.

La razón obedece a que, según los magistrados, las autoridades ambientales deben aplicar la nueva legislación en la que está prohibido otorgar ese tipo de permisos para los páramos.

Sobre los contratos en curso y que fueron firmados antes de que entrara en vigencia la Ley, la Sala es enfática en señalar que, en su concepto, “no podrán seguir ejecutándose”, puesto que deberá prevalecer el interés general de protección al medioambiente sobre los intereses particulares de quienes explotan la tierra.

“El objetivo central de las normas ambientales es subordinar el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente”, indica el concepto.

Incluso, dice el Consejo de Estado, en los casos en los que sea necesario detener la explotación en páramos, habrá que evaluar si hay lugar a acuerdos de compensación económica. “Sin embargo, si alguna de dichas labores pone en riesgo el ecosistema, el Estado podrá expropiar el predio para buscar la restauración y conservación ambiental”, concluyen.