Entre otros aspectos, la reforma incluye la eliminación de la deducción del 30 por ciento por inversiones en activos fijos; la retención en la fuente de hasta el 20 por ciento del valor de las exportaciones de los sectores de minas e hidrocarburos y una tarifa general del 16 por ciento para todos los bienes intermedios y servicios de los sectores minero y de hidrocarburos.
“Las modificaciones al régimen tributario, contenidas en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República, impactan gravemente la estabilidad de las reglas, la igualdad de trato con respecto al resto de los sectores de la economía y, en general, la competitividad de Colombia como destino de inversión”, dice Claudia Jiménez, en representación del sector de la minería de gran escala.
A su turno, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, sostiene que los incrementos en las cargas impositivas tienen un impacto en las proyecciones de crecimiento económico del país. “Se ponen a riesgo los ingresos fiscales futuros por impuestos y regalías, así como el nivel de divisas por inversión y exportaciones”, afirma, al hablar en nombre del sector petrolero instalado en el país.
Según lo explicaron, también se sentiría un impacto en los flujos de caja de corto plazo y la evaluación financiera de los proyectos que adelantan las compañías minero-energéticas, tanto en lo referente a ampliaciones como al mejoramiento de la infraestructura de producción, exploración o transporte. Las compañías y sus representantes insisten en que “se vería seriamente afectada la competitividad del país para atraer inversión minera y petrolera, lo cual podría conducir a menores recaudos futuros en impuestos corrientes (renta y regalías)”, y dicen que las medidas “son discriminatorias”.
Piden mantener estabilidad
Igualmente los dirigentes del sector minero y petrolero señalaron que no sólo se desmejoran las condiciones económicas para invertir y se manda un mensaje claro de inestabilidad tributaria, sino que también se atenta contra la imagen del país como destino de inversión, en cuanto que las normas son totalmente discriminatorias contra los sectores de minas e hidrocarburos.