El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y los titulares de los ministerios que asumieron compromisos con los organizadores de los paros del agro, minería y transporte, harán hoy un balance del cumplimiento de los acuerdos que permitieron levantar los movimientos de protesta realizados en agosto pasado.
La convocatoria fue hecha por el jefe del Estado ante la amenaza de los organizadores de los movimientos de dignidad de diferentes cultivos y servicios de regresar al taponamiento de vías.
“Si nos toca, vamos a dejar la vida en una carretera”, dijo ayer en el Congreso Óscar Pachón, representante boyacense del movimiento Dignidad Papera, quien habló en el Legislativo en representación de los cultivadores ubicados en zonas de clima frío.
“Querremos dejarle en claro al Gobierno que los campesinos colombianos no podemos competir con las grandes potencias, por lo que será necesario reversar los TLC”, aseguró Pachón, quien además indicó que el Gobierno se ha negado a bajar los precios de los combustibles.
Esta afirmación la hizo precisamente el mismo día en que entró en vigor una reducción de 136 pesos en el galón de gasolina, en todo el país, y que se mantuvieron estables los del Acpm, como fue acordado con los transportadores.
Dignidad Agropecuaria sostiene que ha habido incumplimiento de muchos de los compromisos adquiridos por el Gobierno, y que, además, las personas que han sido designadas para representar al Gobierno en los diálogos no tienen la capacidad para tomar decisiones sobre lo que se plantea en las mesas.
En repuesta a estas afirmaciones, los representantes de los ministerios aseguraron que el Gobierno ha cumplido cada uno de los acuerdos establecidos en las actas que permitieron levantar los movimientos de protesta.
Sostienen por ejemplo, que ya han sido expedidos los decretos sobre salvaguardias y contingentes para restringir las importaciones de productos agropecuarios, la reducción de aranceles para el ingreso de insumos tales como fertilizantes y la congelación de los precios del Acpm, al tiempo que se mantienen las mesas de diálogo que fueron conformadas para resolver los temas en discusión.
CAMPESINOS SE MUESTRAN INCONFORMES CON PROCESO
Voceros de la Dignidad Agropecuaria critican que el Gobierno les envíe personas con bajo poder de decisión.
El 25 de septiembre, la Dignidad Agropecuaria (que reúne a 10 sectores), le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos manifestando su descontento frente a la forma en que, según ellos, el Gobierno ha manejado la concreción de los acuerdos fijados.
Aparte de la inconformidad por el bajo nivel jerárquico de los enviados de los ministerios, reclamaron por la inexistencia de trámites de leyes para los apoyos el año entrante a los precios de distintos productos y los alivios crediticios.
Ayer, Óscar Pachón, representante de Dignidad Agropecuaria, enumeró ayer los incumplimientos en los que el Gobierno ha incurrido y volvió a insistir en los decretos para las salvaguardias a las importaciones de papa y cebolla cabezona de países andinos y Mercosur.
El Ministerio de Comercio aseguró que el decreto se expidió la misma semana en la que se adquirió el compromiso con los campesinos en Tunja.
“Corrimos a cumplir con las salvaguardias porque era el compromiso”, dijo ayer la ministra (e) de Comercio, María del Mar Palau.
Afirmó también que el equipo del Ministerio de Comercio que estuvo en la mesa de negociación les aclaró (a los campesinos) que la salvaguardia implicaba unos contingentes (cupos) de importación y no una prohibición para importar.
El Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dijo ayer que todos los compromisos que dependen de ese ministerio han sido cumplidos, y que en la reunión de hoy se hará un balance de lo que corresponde a otras carteras o entidades del Gobierno involucradas en el tema.
FALTA EL DECRETO QUE AJUSTA LA POLÍTICA TARIFARIA
Se concretó la congela- ción del precio del Acpm hasta diciembre y se eliminó la póliza de chatarrización.
De los compromisos que el Gobierno y los transportadores de carga por carretera sellaron el 4 de septiembre de este año para levantar el paro camionero, está pendiente la expedición del decreto que modificará la norma que fijó la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas entre los actores del transporte en el país.
El decreto, que está en discusión con los transportadores, regulará que los pactos entre generadores de la carga y la empresa de transporte, incluyendo los descuentos legales permitidos para los propietarios de los vehículos y los fletes, el tema más sensible después del precio del Acpm, que quedó congelado hasta diciembre.
Para Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), “las relaciones económicas no se pueden modificar y trabajar pactando libremente en torno a eficiencias y contratos de largo plazo, sistema que nunca ha existido”.
Por su parte, el Ministerio de Transporte eliminó la póliza de chatarrización para controlar el parque automotor y evitar el crecimiento de la oferta vehicular. De ahora en adelante, solo se permite ingresar vehículos nuevos al servicio público y particular de carga, si el propietario del nuevo vehículo desintegra uno viejo equivalente en peso y capacidad.
INICIAN LAS MESAS DE TRABAJO EN VARIOS ASUNTOS
Según la viceministra de Minas, los primeros temas a tratar serán los derechos humanos y de territorio.
De los compromisos asumidos por el Ministerio de Minas y Energía con los mineros que realizaron el paro de 45 días, la viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez, señaló que ya iniciaron esta semana las mesas de trabajo en las que se tratarán los temas de derechos humanos y de territorio.
En cuanto al trabajo que se debe adelantar en una mesa de trabajo minero ambiental, la funcionaria reveló que ya le envió a las agremiaciones el borrador de una resolución que define la conformación de estos espacios y el mecanismo de funcionamiento.
Sobre la fiscalización minera en zonas del sur de Bolívar, donde no se hace minería mecanizada, el Gobierno realizará en los próximos días una jornada educativa sobre el alcance de este proceso, la cual se dará en el municipio de Santa Rosa.
En este sentido, se está realizando la reprogramación de la fiscalización y se les explicará a los mineros informales que esta vigilancia solamente está prevista para las zonas que tienen títulos concedidos y registrados en el catastro minero, mientras las áreas que están en proceso de legalización no hacen parte de las inspecciones.
Sobre la maquinaria que se permitirá utilizar en las zonas mineras, en los próximos días se realizará una reunión en Medellín, para definir los criterios técnicos de las máquinas que se pueden utilizar en la producción aluvial de oro, y compromisos de cuidado del ambiente.