Movidas en equipos de investigación Utilidades netas en Colombia Móvil-Tigo Seguridad extrema en visita de Gutiérrez Habría recusación o impedimento en TLC Los errores de la Contraloría Sistematizar citas para atender quejas El pueblo cuida sus intereses en el Banco

Movidas en equipos de investigación Utilidades netas en Colombia Móvil-Tigo Seguridad extrema en visita de Gutiérrez Habría recusación o impedimento en TLC Los errores de la Contraloría Sistematizar citas para atender quejas El pueblo cuida sus intereses en el Banco

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octubre 16 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-16

En las últimas semanas ha habido cambios clave en los equipos de investigación económica de entidades financieras y firmas comisionistas. Una de las más importantes se dará en el Banco de Bogotá, cuya directora de estudios económicos, Anny Peñaranda, irá a la agencia de su entidad en Nueva York. Marino Salgado, que dirigía el equipo de investigadores de Profesionales de Bolsa, armó toldo aparte y será reemplazado por Arnoldo Casas, que viene de Promotora Bursátil. Carlos Huertas, que encabezaba el grupo de análisis de Ultrabursátiles, regresó al Banco de la República para manejar el tema de inflación. La multinacional Millicom está de plácemes por los resultados financieros de su filial en el país, el operador celular Colombia Móvil-Tigo. Septiembre pasado fue el primer mes en que la compañía arrojó utilidades netas. Como si esto fuera poco, el desempeño de Tigo Colombia en ese periodo la colocó en el primer lugar en ventas entre las 16 filiales de Millicom en el mundo, incluso, por encima de operaciones líderes como Guatemala y Honduras. Las buenas noticias se conocen tan solo unos días antes de que se celebren cuatro años de labores de Colombia Móvil y el primer año de Millicom al frente de esta empresa. Durante cuatro días seguidos fueron recorridas y revisadas minuciosamente las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá en el Salitre, previo a la visita del Secretario de Comercio de E.U., Carlos Gutiérrez, quien dictó allí una charla el pasado viernes. Las medidas de seguridad resultaron extremas e incluso contradictorias, porque hubo sugerencias del personal de la Embajada de E.U. en Colombia y de funcionarios de la propia Secretaría de Comercio. Un asunto que llamó la atención, entre las sugerencias de seguridad, es que cuando Gutiérrez comenzara a hablar no debería haber ni un plato en las mesas. Un tema que tendrá que resolverse en las próximas semanas es si el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, tendrá que declararse impedido de estudiar la Ley del TLC y su protocolo modificatorio. El asunto ya se está estudiando entre las toldas de los opositores, quienes consideran que por haber actuado como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, y haber gestionado el tránsito de esta Ley desde el Congreso y ante la Corte, González podría tener algún tipo de dificultad para actuar ahora como juez. Incluso, hay quienes anuncian que podría haber recusación para el nuevo magistrado. Luego de haber publicitado recientemente una lista de senadores que habían sobrepasado el tope de recursos permitido por la ley en el pago de funcionarios de sus Unidades de Trabajo Legislativo el contralor General de la Nación, Julio César Turbay Q., reversó la acusación que en ese sentido había recaído sobre la senadora del movimiento Mira, Alexandra Moreno Piraquive, y aceptó que la congresista nunca superó esos límites.Turbay Q. le envío una misiva a la senadora en la que aclara que después de revisar su caso y analizar la auditoría, su entidad concluyó que no sobrepasó los mencionados topes. Las entidades estatales están en apuros porque el Departamento Administrativo de la Función Pública les envió una comunicación en la que les pide cumplir la Ley 962 del 2005, que las obliga a crear un sistema electrónico para asignar las citas a los usuarios que deseen realizar trámites, quejas y peticiones. A pesar de que la norma entró en vigencia hace dos años, la mayoría de las entidades la incumplen. Varias alegan que no pueden prestar este servicio porque este año no presupuestaron recursos para contratar el sistema electrónico requerido. El plazo dado por Función Pública es el 31 de diciembre próximo. Cuando la firma Mckinsey hizo el estudio para Fogafín, sobre el Banco Agrario y cómo reestructurarlo, se encontró con la respuesta del director de una de las oficinas que opera con dos funcionarios: “para poder salir de la oficina tengo que pedirle apoyo a la Policía para que la cajera no se quede sola”. El hecho causó curiosidad y aunque la entidad tiene unas 200 oficinas en estas condiciones, las dificultades de seguridad han sido mínimas pues los habitantes se encargan de cuidar la entidad, como sucedió hace unos años en Boyacá, donde la comunidad, con palos y machetes, capturó dos delincuentes que pretendían asaltarla.

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