El empresario Ricardo Fernández Barruecos, propietario de la empresa American Food Grain (AFG), tendrá que poner a la venta el avión, con matricula N700SA.
Al parecer, la letra 'N' suele ser utilizada para operaciones de lavado de dinero y por narcotraficantes con el fin de evitar inspecciones en los aeropuertos internacionales, informó el diario El Nuevo Herald.
Joseph DeMaría, abogado de Fernández, señaló al rotativo que las autoridades aceptaron en el acuerdo que "no hubo ninguna actividad ilegal relacionada con el narcotráfico y que no hay cargos criminales" formulados contra su defendido.
Según el acuerdo con la Fiscalía, la empresa AFG está obligada a "entregar el avión ejecutivo, valorado en más de cinco millones de dólares, a una firma intermediaria" para que ésta proceda a su venta, añadió.
El dinero obtenido por la venta del avión ejecutivo, prosiguió el diario, será entregado a la empresa, "previo pago al Gobierno de la suma acordada".
La compañía AFG se compromete, además, a no presentar ninguna denuncia contra los funcionarios que participaron en el decomiso del avión, un Raytheon Hawker 800, que fue confiscado en el aeropuerto de la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.
De acuerdo con la normativa vigente, una aeronave solo puede ser adquirida y mantenida con matrícula estadounidense si el aparato pertenece a un ciudadano de este país o a una empresa de la que dos terceras partes de los propietarios son ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, los directivos de la compañía AFG, que no tienen la ciudadanía estadounidense, obtuvieron la numeración 'N' para la matrícula del avión.
DeMaría indicó al diario que uno de los directivos de AFG "actuó incorrectamente" y registró el avión en Estados Unidos "sin el consentimiento" de los propietario.
Fernández, de 43 años, "uno de los empresarios más cercanos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez", ha sido uno de los principales proveedores de la cadena oficial de producción y distribución de alimentos Mercal, según el rotativo.
La empresa matriz de Fernández, Proarepa, ha visto multiplicados sus ingresos a partir de los contratos oficiales con el Gobierno venezolano, algo que ha permitido al empresario formar parte de grandes proyectos de inversión en astilleros e industria pesquera en Panamá y Ecuador, explicó el periódico.