El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) informó ayer que acordó con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantener conversaciones “en principio” hasta el próximo 1 de febrero en busca de una solución al conflicto contractual que amenaza la ampliación de la vía interoceánica.
El GUPC, liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, reclama más de 1.600 millones de dólares en “sobrecostes” que han dejado a las empresas sin liquidez para continuar con la construcción del tercer juego de esclusas, un proyecto que según el contratista lleva casi 70 por ciento de ejecución.
En un comunicado difundido ayer en la capital panameña, el consorcio dijo que la fecha del 1 de febrero forma parte de un “protocolo de negociación” acordado por las partes, del que no da detalles.
“El protocolo prevé el desarrollo de discusiones acerca de soluciones completas, incluyendo la propuesta de cofinanciamiento que involucra a ACP, GUPC y la aseguradora Zurich”, garante del proyecto, indicó el consorcio sin más precisiones.
Las obras permanecen casi paralizadas, según medios de comunicación panameños.
PANAMÁ/EFE
