Niegan a expresidente Uribe medidas cautelares sobre Isagén

Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que el precio fijado por el Gobierno para la venta de la generadora no está subvalorado.

Álvaro Uribe Velez, expresidente colombiano.

Carlos Ortega

Álvaro Uribe Velez, expresidente colombiano.

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diciembre 23 de 2013 - 04:38 p.m.
2013-12-23

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negó al expresidente Álvaro Uribe Vélez la petición de una medida cautelar en contra de la venta de la participación del Gobierno en la generadora de energía Isagén.

Tras analizar la solicitud, por supuesta afectación de los intereses colectivos y detrimento del patrimonio público, la decisión señala que el Decreto 1609 del 30 de julio del 2013, con el que se aprobó la enajenación, “cumple con las condiciones ya anotadas frente al derecho colectivo concernido, esto es, emite una decisión sobre la enajenación y establece un programa de enajenación”.

Igualmente se desestimó el argumento de que el precio de venta estuviera subvalorado, ya que el Gobierno elevó el valor mínimo de las acciones a 3.178 pesos cada una, monto que se actualizará con el índice de inflación.

Según el Tribunal, el nuevo precio es el valor base del que se partirá, para que en un escenario de amplia publicidad y libre concurrencia, acudan los interesados “en un escenario de previsible incremento en el precio de la acción”.

Incluso, recalca que el 16 de diciembre el precio promedio de la acción de Isagén el mercado estaba en 3.167 pesos, lo cual permite concluir que no hay subvaloración de la empresa.

Otro argumento fallado en contra del exmandatario fue el de un posible detrimento patrimonial, debido a un crédito internacional que tomó Isagén con la firma Power Finance Trust, a 20 años, y con una cláusula de prepago obligatorio si la Nación perdía el control de la compañía, más una multa entre 40 y 70 millones de dólares.

Al advertir que bajo este argumento Isagén no podría venderse ni siquiera en un escenario de crisis, el Tribunal recordó que desde el 2005, cuando se tomó el crédito y la Nación fue garante, también se firmó una contragarantía entre el Ministerio de Hacienda e Isagén, a favor de la Nación, para cubrir cualquier eventualidad en la que la empresa incumpla sus obligaciones de pago.

Esta consiste en la pignoración o cesión de los ingresos que la generadora reciba por la venta de energía, hasta por el 120 por ciento del valor del servicio semestral de la deuda, y un pagaré en blanco de Isagén a favor de la Nación. “Se tomaron las salvaguardias para que el patrimonio de la Nación no se vea comprometido ante cualquier eventualidad o situación de prepago del crédito adquirido por Isagén”, asegura el fallo.

SÍ SE PLANEÓ

En el fallo se dejó claro que el Gobierno sí presentó al Congreso esta venta dentro del plan de enajenación de activos, al haberlo radicado el 1 de marzo, es decir, dentro de los primeros 60 días del año.

Si bien Uribe citó una función de advertencia de la Contraloría General de la República, el fallo subraya que esta puso de presente una serie de dificultades del sector eléctrico, pero no se advierte una relación directa entre la venta de Isagén y la forma en que podrían superarse estas limitantes.

Además se desestimó el argumento según el cual no se demostró que Isagén estuviera en una difícil situación de caja, ya que la Ley 226 de 1995 tampoco contempló la condición financiera de una empresa estatal como criterio para decidir su venta.

RECHAZAN SOLICITUD DE URGENCIA A COLECTIVO

El Tribunal también le negó al colectivo Dueños de Isagén, representado por Rodrigo Toro, las medidas cautelares de urgencia para suspender la venta de la participación de la Nación en la empresa. Al señalar que el trámite se hará de forma normal, el fallo dijo que no hay un daño inminente sobre un derecho colectivo, ya que la primera fase está dirigida a destinatarios en condiciones especiales, como fondos de empleados y de pensiones, entre otros.

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