Normas sobre tarifas de servicios

¿Las tarifas que cobran las empresas de servicios públicos domiciliarios están sometidas a las normas que rigen la competencia?

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agosto 22 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-22

En efecto, todos los sectores de la economía deben cumplir estrictamente con las normas que rigen la libre competencia en el mercado. El de los servicios públicos domiciliarios no es la excepción. Lo fundamental es establecer si se le aplica el régimen general del decreto 2153 de 1992 o la normatividad especial para el sector. Nos explicamos. Pero Colombia no cuenta con un estatuto o ley única de antimonopolios. En esa medida, para cada sector es necesario establecer la normatividad aplicable. Para el caso de los servicios públicos domiciliarios, existe una normatividad especial la cual no derogó ni expresa tácitamente la normatividad general, por lo que consideramos que ambos regímenes coexisten y se complementan. El régimen de carácter general se encuentra integrado por el decreto 2153 de 1992 y la ley 155 de 1959 con sus decretos reglamentarios. La normatividad especial para los servicios públicos domiciliarios se encuentra en la Ley 142 de 1994. Por la sensibilidad y el impacto social de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la libre competencia se encuentra restringida en su aplicación por otros principios como el de solidaridad, eficiencia y la universalidad, entre otros, que reflejan la filosofía de un Estado Social de Derecho, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional. En general, la obligación de las empresas prestadoras de servicios domiciliarios tiene que ver con “… abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de (…) restringir en forma indebida la competencia” (1) . Respecto a las tarifas, la regulación prohíbe el cobro de las que no cubran los gastos de la prestación del servicio y la prestación de servicios gratuitos, así como los “acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de servicios, o para establecer tarifas, creando restricciones de oferta o elevando las tarifas por encima de lo que ocurriría en condiciones de competencia”. Además se considera restrictivo de la competencia dar a los clientes tarifas inferiores a los costos operacionales, y ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el ánimo de desplazar competidores. Y, discriminar dando a unos clientes tarifas más altas que a otros (2) . La excepción para la aplicación de las normas de la libre competencia en el mercado tiene lugar previa solicitud a la SIC bajo el cumplimiento de estrictos requisitos y mediante un procedimiento administrativo. (1) Artículo 34 numerales 1,2 y 3 de ley 142 de 1994 . (2) Artículo 98 ley 142 de 1994.

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